¿Qué han robado en la casa de la exmujer de Ábalos?

José Luis Ábalos vuelve a estar en el foco. Esta vez, por el robo que ha ocurrido en el apartamento en el que viven su exmujer Carolina Perles y su hija Rocío Ábalos Perles. Tal y como ha explicado Okdiario, el domicilio en el barrio madrileño de Lavapiés ha sido desvalijado la pasada noche. 

Perles llegó a la vivienda y la halló totalmente revuelta. Tras grabar un vídeo y dar aviso a la Policía, denunció el robo de varios objetos, entre ellos dos ordenadores que, supuestamente, pertenecían a la hija del exministro José Luis Ábalos.

La vivienda donde se produjo el asalto había sido habitada en el pasado por Koldo García, asesor de Ábalos. Con posterioridad, y tras el divorcio entre Carolina Perles y el exministro, el inmueble quedó dividido en copropiedad. 

La mitad para Perles y su hija Rocío, estudiante en Madrid. Mientras que Ábalos pasó a quedarse con la plena titularidad del piso situado en Valencia. De acuerdo con la denuncia, fue en la noche de este lunes cuando la exesposa de Ábalos, al llegar al piso, descubrió que la vivienda había sido allanada.

Esta situación ocurre tras la querella contra el Ministerio de Óscar Puente. La querella se dirige contra Belén Roel, autora del informe pericial, y contra Belén Villar, exjefa de Gabinete del subsecretario.

Ábalos las acusa de falsedad documental y falso testimonio de perito en el informe usado para solicitar su investigación. El informe fue elaborado en el contexto de la presunta trama de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Ese documento fue clave para que la Audiencia Nacional elevara al Supremo la petición de investigar al exministro. 

El magistrado Ismael Moreno incluyó el informe en su exposición razonada al alto tribunal, dada la condición de aforado de Ábalos. La querella sostiene que el informe fue elaborado por encargo directo del actual ministro Óscar Puente.

Según Ábalos, la orden de elaboración fue emitida el 27 de febrero, antes de que el decreto diera validez a esa competencia. Esto, afirma, prueba la intención de dar al informe una difusión pública más que un uso administrativo interno.

En el escrito, el exministro habla de "pulsión de celeridad" y critica su inmediata publicación en medios de comunicación.

Añade que la auditoría se hizo mientras ya existía un proceso judicial en marcha, lo que invalida su legitimidad. Asegura que cualquier procedimiento administrativo debe paralizarse si hay una causa penal abierta.