Una de las claves del procedimiento es que la Justicia reconoció que los cursos llegaron a impartirse. Sin embargo, eso no exime al sindicato de cumplir las condiciones establecidas para recibir y gestionar las ayudas públicas
La Justicia asesta un nuevo golpe económico a UGT en Andalucía. El Tribunal Supremo ha confirmado que el sindicato deberá devolver 18,3 millones de euros a la Junta de Andalucía por irregularidades en la gestión de subvenciones públicas destinadas a la formación de desempleados.
La resolución, que desestima el recurso presentado por UGT-A contra una sentencia de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pone el foco en 240 cursos de formación financiados con dinero público antes de 2009.
De los 18,3 millones reclamados, 13,1 millones corresponden a subvenciones que no fueron debidamente justificadas, mientras que los otros 5,2 millones proceden de los intereses acumulados.
Cursos impartidos, pero con irregularidades graves
Una de las claves del procedimiento es que la Justicia reconoció que los cursos llegaron a impartirse. Sin embargo, eso no exime al sindicato de cumplir las condiciones establecidas para recibir y gestionar las ayudas públicas.
El TSJA calificó las irregularidades como "infracciones de notable gravedad". Entre ellas figuran subcontrataciones con sociedades instrumentales vinculadas a UGT-A sin la autorización correspondiente y la fijación discrecional de salarios de profesores al margen de los baremos establecidos.
UGT obligado por Supremo a devolver 18,3 millones de euros a la Junta de Andalucía
El origen del expediente se remonta a septiembre de 2015, cuando la Junta de Andalucía todavía estaba gobernada por el PSOE. No obstante, fue el Ejecutivo de Juanma Moreno el que resolvió administrativamente el procedimiento en octubre de 2019, cuando se aproximaban los plazos de prescripción.
Otro procedimiento amenaza con elevar la factura
La resolución del Supremo llega mientras UGT-A mantiene abierto otro frente judicial relacionado con las subvenciones para formación.
El sindicato está pendiente de otro recurso ante el alto tribunal por una sentencia penal de 2024 que lo declaró responsable civil subsidiario de un fraude de aproximadamente 40 millones de euros.
En caso de confirmarse esa responsabilidad y de que los condenados no puedan afrontar las cantidades exigidas, UGT-A tendría que responder subsidiariamente.
Ambos procedimientos corresponden a etapas anteriores a la actual dirección del sindicato andaluz.
