Ninguno de los inmigrantes que entraron irregularmente en Ceuta durante las jornadas del 30 y 31 de julio ha sido devuelto a Marruecos mediante un procedimiento administrativo de expulsión o devolución, según denuncia el Gobierno de la ciudad autónoma. Casi tres meses después de aquellos acontecimientos, las autoridades locales consideran que la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente y han decidido acudir al Tribunal Supremo.
El conflicto se centra en los expedientes de los inmigrantes mayores de edad que permanecen en Ceuta. El Ejecutivo local sostiene que la Administración central no ha adoptado las medidas necesarias para resolver su situación administrativa, pese a haber recibido una solicitud formal para hacerlo.
La decisión de acudir a los tribunales ha sido aprobada este martes por el Consejo de Gobierno ceutí, que acusa al Estado de mantener paralizados los procedimientos que debe tramitar en materia de extranjería y protección internacional.
Tres meses después, Ceuta sigue sin recuperar la normalidad
La entrada irregular de inmigrantes registrada a finales de julio provocó una situación extraordinaria en la ciudad autónoma. Desde entonces, las autoridades ceutíes han reclamado una mayor intervención de la Administración General del Estado para gestionar las consecuencias de aquellos acontecimientos.
La entrada irregular de inmigrantes registrada a finales de julio provocó una situación extraordinaria en la ciudad autónoma
El portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha advertido de que el problema se ha prolongado hasta convertirse en una situación persistente, sin que Ceuta haya recuperado todavía la normalidad.
Según los datos trasladados por el Gobierno de la ciudad, las únicas salidas de inmigrantes llegados durante aquellas dos jornadas se han producido de manera voluntaria o como consecuencia de actuaciones relacionadas con delitos.
Por tanto, las autoridades locales aseguran que no se ha materializado ninguna devolución a Marruecos derivada de los procedimientos administrativos correspondientes a esas entradas.
El silencio del Gobierno central acaba en los tribunales
La vía judicial llega después de que Ceuta intentara obtener una respuesta de la Administración central durante el mes de septiembre.
El día 16, el Ejecutivo local acordó exigir formalmente al Estado que resolviera los procedimientos pendientes. Dos días después presentó el requerimiento, en el que concedía un mes para que se dictaran y notificaran las resoluciones correspondientes.
La solicitud comprendía tanto los expedientes de expulsión y devolución como las peticiones de protección internacional, cuya resolución depende de las circunstancias individuales de cada persona.
Sin embargo, el Gobierno ceutí asegura que no recibió contestación dentro del plazo establecido.
Ante la ausencia de respuesta, ha optado por presentar un recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración General del Estado.
La denuncia también cuestiona la falta de medios personales y materiales destinados a tramitar los expedientes, una carencia que, según las autoridades locales, impide resolverlos dentro de los plazos legales.
