Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado que ha sido formalmente imputado. La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha aceptado su competencia para investigar al titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
El Alto Tribunal se ha declarado competente para asumir la causa que proviene del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El que en junio elevó una exposición motivada debido a la condición de aforado de García Ortiz y los indicios preliminares que pesan sobre él.
Se le acusa de haber filtrado datos confidenciales sobre el empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Esto, en el contexto de la negociación de un pacto de conformidad por un supuesto delito fiscal.
La Sala de lo Penal ha decidido por unanimidad abrir la causa, que también incluye a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. La que, supuestamente, envió al fiscal general del Estado los datos para la elaboración de la nota mencionada.
Aunque Rodríguez Fernández no tiene la condición de aforada, el auto explica que las acciones de ambos están tan conectadas que no se pueden separar en causas diferentes.
Este argumento se ha utilizado para justificar que la Fiscalía Europea no tiene competencia para investigar estos casos
En su auto, el TSJM recoge que, según la exposición razonada enviada por el instructor, así como de las querellas y denuncias presentadas, se imputa al fiscal general del Estado. Y también a la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid un delito de revelación de secretos.
Esto es debido a la divulgación de una nota informativa con membrete de la Fiscalía Provincial, fechada el 14 de marzo de 2024. La misma que detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación relativas a un particular.
El tribunal subraya que la cuestión principal es determinar si la conducta atribuida al aforado por los querellantes puede enmarcarse dentro del artículo 417 del Código Penal.
Este artículo sanciona a la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento. Esto, por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados.
El tribunal concluye que se cumple el primer elemento del tipo penal. Que es la existencia de una autoridad o funcionario público que tiene conocimiento de secretos o informaciones adquiridas en el ejercicio de su cargo y que tienen carácter reservado.
