Estos contratos se produjeron después de que Begoña Gómez firmara cartas de recomendación favorables
La polémica en torno a los contratos públicos ligados a Juan Carlos Barrabés suma un nuevo capítulo. Un informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) hace saltar las sospechas.
Este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, concluye que la adjudicación fue de 10,2 millones de euros. Todo a la UTE del empresario se hizo en “fraude de ley”. Y con “criterios ilegales”.
El documento, que será remitido a la Fiscalía Europea, apunta directamente a Red.es. Organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía que entonces dirigía Nadia Calviño.
Según los peritos, la entidad pública modificó valoraciones técnicas que debían corresponder a un comité de expertos independiente. La decisión, sostienen, alteró el resultado de las licitaciones.
El informe vincula estas irregularidades con la carta de recomendación que Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, firmó en julio de 2020. En ese escrito, la mujer del jefe del Ejecutivo avalaba la solvencia y experiencia de Barrabés.
Pocos días después, Red.es convocó dos concursos públicos financiados con fondos europeos. Ambos acabaron en manos de la UTE formada por el empresario y The Valley Digital Business School. La cuantía total ascendió a 10,2 millones de euros.
Para Hacienda, la coincidencia temporal no es casual. Los peritos subrayan que la carta fue decisiva y que la actuación de Red vulneró los principios de igualdad en la contratación pública.
El documento señala como responsable al entonces presidente de Red.es, David Cierco, subordinado directo de Calviño. Bajo su mandato, la mesa de contratación asumió funciones que correspondían a un comité técnico. “Se procedió a reformular puntuaciones en contra de lo previsto en la normativa”, apunta el informe.
Los peritos califican esa actuación como un “fraude de ley”. Se utilizó un procedimiento formalmente correcto, pero con un resultado contrario a derecho. Que el organismo público decidiera al ganador en lugar de un comité independiente.
La investigación también detecta el uso de criterios distintos a los incluidos en los pliegos. Eso, según Hacienda, supone aplicar “criterios ilegales”.
Además, el informe denuncia falta de trazabilidad en la documentación. Hay informes contradictorios, cambios en puntuaciones y ausencia de justificación. Todo ello, indican, demuestra una intervención deliberada para beneficiar a Barrabés.
El caso se encuentra en manos del juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Al estar financiados con el Fondo Social Europeo, los contratos han sido remitidos a la Fiscalía Europea.
Será este organismo el que decida si se abre un procedimiento penal. Si se exige la devolución de los fondos. O si se amplían diligencias contra responsables de Red.es y contra los beneficiarios de las adjudicaciones.
Lo que ya parece claro es que el informe de Hacienda complica aún más la situación. La sombra de la carta de Begoña Gómez y la intervención del organismo dependiente de Calviño ponen en el centro del debate la transparencia en el reparto de fondos europeos.
