El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, compareció este miércoles ante el Tribunal Supremo en calidad de investigado. Esto, por la supuesta filtración de información confidencial relacionada con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La declaración se produce en el marco de una investigación que lo señala como posible responsable de un delito de revelación de secretos.
La Sección de Informática de la Fiscalía General del Estado ha informado al Tribunal Supremo que no consta la devolución del teléfono móvil. El dispositivo oficial asignado a Álvaro García Ortiz. Así lo recoge un informe fechado el 27 de enero de 2025.
El fiscal general, supuestamente, quiere dejar el cargo
Según el documento, García Ortiz recibió un dispositivo Samsung A54 el 24 de mayo de 2024. Pero no hay registros de que lo haya devuelto ni de que se le haya solicitado su entrega.
La respuesta de la Unidad de Apoyo fue remitida a la secretaria del juez del Supremo. El mismo que el 24 de enero pidió información sobre un posible cambio de terminal por parte del fiscal.
El informe también revela una deficiencia en el control interno de los dispositivos móviles de la Fiscalía: no se registra el número IMEI, el código único que identifica cada teléfono. Esto impide verificar si, en caso de devolución, se trata del mismo terminal asignado o de otro idéntico. Según el documento, esta información no se almacena en la aplicación de gestión interna porque "no es relevante para la entrega de móviles".
El dispositivo en cuestión es una pieza clave en la investigación. Esto, ya que García Ortiz lo habría utilizado el día en que se filtraron los correos electrónicos del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso al fiscal Julián Salto.
García Ortiz borra el contenido de su teléfono
Estos mensajes contenían información confidencial que acabó en medios de comunicación cercanos al Gobierno. La falta de control sobre el teléfono añade incertidumbre a la investigación y podría dificultar el esclarecimiento de los hechos.
El magistrado Ángel Hurtado, encargado de la instrucción del caso, ha reunido diversos indicios que complican la defensa de García Ortiz. En sus últimos autos, el juez ha desestimado la estrategia de atribuir la filtración a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso.
