El juez ahora deberá decidir si imputa a Cristina Álvarez y a otros implicados tras la solicitud
Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, ha sido señalada por su posible implicación en la gestión de actividades privadas de Begoña Gómez.
Las acusaciones populares han solicitado al juez que cite a Cristina Álvarez como imputada en la investigación sobre la cátedra liderada por Gómez.
Se cuestiona el uso de recursos públicos, como el correo oficial de Moncloa, para coordinar actividades privadas de la esposa del presidente.
Álvarez figura en correos electrónicos relacionados con eventos y gestiones privadas mientras ocupa un cargo financiado con fondos públicos.
Entre los eventos destaca el uso de su dirección institucional para coordinar actos como uno organizado en Ifema, generando sospechas.
El partido VOX ha liderado la solicitud de revisar la Relación de Puestos de Trabajo en Moncloa desde junio de 2018 para esclarecer los roles.
También se ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) que analice los correos electrónicos de Álvarez para determinar el alcance de sus gestiones.
Los abogados han pedido además documentos relacionados con la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Esta solicitud incluye expedientes sobre Propiedad Intelectual y registros vinculados al software desarrollado en el marco de la cátedra.
El ex vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, aportó información relevante sobre la gestión de la cátedra durante su declaración judicial.
Entre las pruebas figura un mensaje de WhatsApp entre Doadrio y Cristina Álvarez que detalla aspectos relacionados con las actividades investigadas.
La acusación también apunta a una trabajadora de la UCM. Que instruyó a Gómez sobre la firma de documentos relacionados con el software de la cátedra.
Según los registros, la ubicación del software y sus características podrían revelar el uso de recursos públicos en fines particulares.
Las acusaciones buscan determinar si las gestiones de Álvarez desde su cargo público están relacionadas directamente con intereses privados.
El caso se centra en presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, entre otros.
La cátedra liderada por Gómez, que ha sido objeto de múltiples críticas, está bajo investigación por su proceso de creación y gestión.
El juez ahora deberá decidir si imputa a Cristina Álvarez y a otros implicados tras la solicitud de las acusaciones populares y las pruebas aportadas.
Mientras avanzan las investigaciones, crece la expectativa sobre las decisiones judiciales y su impacto en el entorno político del Ejecutivo.
