El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha determinado que el Ejecutivo debe facilitar la información solicitada
La negativa del Ministerio del Interior a hacer públicos los registros técnicos de sus herramientas de protección contra la violencia de género ha terminado con una resolución desfavorable para el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha determinado que el Ejecutivo debe facilitar la información solicitada sobre el funcionamiento de VioGén y VioGén 2, después de que Interior intentara mantenerla fuera del alcance público.
La controversia gira en torno a unos datos que permitirían conocer cuántas incidencias se han producido en las plataformas informáticas utilizadas para supervisar los casos de violencia de género. Hasta ahora, el Ministerio había rechazado proporcionar estas cifras al considerar que estaban relacionadas con cuestiones técnicas internas que no debían divulgarse.
Sin embargo, una resolución conocida por THE OBJECTIVE contradice esa interpretación y exige al departamento que entregue los registros correspondientes a ambas plataformas. Interior dispone de diez días hábiles para cumplir el requerimiento, que permitirá examinar la evolución de las incidencias antes y después de la implantación de VioGén 2.
El argumento utilizado por Interior para no entregar los datos
El origen de este enfrentamiento administrativo se remonta a noviembre de 2025. Una solicitud presentada el día 24 de aquel mes reclamaba información sobre el número de incidencias que había acumulado la nueva plataforma desde su puesta en servicio. También pretendía acceder a los datos del sistema anterior para establecer una comparación.
Lejos de aportar las estadísticas, Interior respondió el 15 de enero de 2026 con una negativa. El departamento recurrió al artículo 18.1.b) de la Ley de Transparencia, una disposición que permite inadmitir solicitudes relacionadas con determinada documentación auxiliar.
El Ministerio justificó su postura describiendo VioGén 2 como una plataforma informática compleja, sometida a modificaciones y labores de mantenimiento constantes. Desde su perspectiva, las incidencias detectadas durante estos procesos formaban parte de la actividad técnica habitual y no podían equipararse automáticamente a errores que pusieran en riesgo su funcionamiento.
Esta explicación sirvió para defender que los registros pertenecían al ámbito de las comunicaciones internas y que, por tanto, no existía obligación de facilitarlos.
La decisión fue cuestionada inmediatamente. El 16 de enero, apenas un día después de recibir la respuesta, el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia. Su argumento principal era que Interior estaba confundiendo dos cuestiones distintas: el contenido de las comunicaciones entre sus técnicos y las cifras generales de incidencias registradas.
Un revés para el departamento de Marlaska
El Consejo de Transparencia ha terminado respaldando esta última interpretación. Su resolución considera que contabilizar las incidencias de una plataforma pública no equivale a divulgar las comunicaciones internas de sus responsables.
La diferencia resulta fundamental para resolver el conflicto. Mientras que determinados documentos de trabajo pueden quedar excluidos del derecho de acceso, las cifras acumuladas sobre el funcionamiento de un servicio público constituyen información susceptible de ser solicitada por los ciudadanos.
Por este motivo, el organismo descarta la excepción legal invocada por Interior y concluye que no existen motivos suficientes para impedir la entrega de las estadísticas.
La importancia de estos registros adquiere especial relevancia por la función de VioGén. El sistema constituye una herramienta de coordinación institucional que permite reunir información sobre las víctimas y facilitar la actuación conjunta de policías, jueces, instituciones penitenciarias y servicios asistenciales.
En consecuencia, Transparencia entiende que la ciudadanía tiene un interés legítimo en conocer las incidencias técnicas de una infraestructura vinculada a la seguridad de las mujeres protegidas.
La resolución no establece, sin embargo, que las plataformas hayan sufrido fallos graves ni que las incidencias hayan comprometido la protección de las víctimas. Esa distinción será importante cuando se conozcan los registros, puesto que una incidencia informática puede responder a circunstancias muy diferentes.
Las estadísticas que Interior tendrá que revelar
El pronunciamiento, firmado el 13 de noviembre por María de la Concepción Campos Acuña, presidenta del Consejo de Transparencia, obliga al Ministerio a proporcionar dos conjuntos de información.
El primero corresponde a VioGén 2, del que deberá facilitar el número de incidencias contabilizadas cada mes desde su entrada en funcionamiento hasta la última actualización disponible.
El segundo comprende los registros de la plataforma anterior, tomando como referencia el año previo a la implantación de VioGén 2 y extendiéndose hasta el momento en el que dejó de utilizarse.
La publicación de ambas series permitirá comprobar si el cambio tecnológico estuvo acompañado de un aumento o una reducción de las incidencias comunicadas, aunque para interpretar correctamente los resultados será necesario conocer las características de cada registro.
Interior deberá remitir la documentación al solicitante y trasladar una copia al propio Consejo de Transparencia dentro del plazo establecido.
El departamento de Grande-Marlaska todavía puede acudir a la Audiencia Nacional para recurrir la decisión en un plazo de dos meses. Mientras tanto, la resolución cuestiona la negativa ministerial a facilitar unos datos relacionados con una de las principales herramientas de protección institucional frente a la violencia de género.