La evolución de España en los principales indicadores internacionales de gobernanza refleja un retroceso de la calidad institucional durante los últimos años, especialmente desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. El país ha registrado sus peores resultados históricos en 2024 y 2025, según las conclusiones del "Informe Mesias 2026: España en el Índice de Buen Gobierno (iGovernment)", elaborado a partir de las estadísticas del Banco Mundial.
Uno de los datos más significativos del estudio es la pérdida de posiciones de España frente a otros países. Actualmente, ocupa el puesto 48 entre 206 países, territorios y jurisdicciones, con una calificación de 0,812 puntos sobre una escala que va de -2,5 a +2,5. Esta puntuación supone el nivel más bajo desde que comenzaron las mediciones en 1996.
La clasificación evidencia que España ha quedado por detrás de economías con características muy diferentes. Además de países como Alemania, Francia, Finlandia o Dinamarca, también presentan mejores resultados Portugal, Polonia, Chile, Uruguay, Costa Rica, Estonia, Mauricio y Bután.
El análisis, desarrollado por el Instituto Mesias bajo la dirección de José María Cubillo, presta especial atención a lo sucedido durante los últimos siete años. Entre 2018 y 2025, España ha perdido cinco posiciones en la clasificación internacional y ha registrado cuatro de sus diez peores puntuaciones desde que existen datos.
Sin embargo, el retroceso resulta todavía más pronunciado cuando se amplía el periodo de comparación. Desde 1996, España ha descendido 23 puestos, mientras que la distancia respecto a su mejor posición histórica, alcanzada en 2003, asciende a 26 lugares.
El informe identifica la calidad regulatoria como uno de los ámbitos más perjudicados. Este indicador, que analiza la eficacia de las políticas públicas y su capacidad para favorecer el desarrollo empresarial, sitúa actualmente a España en la posición 66, veinte puestos por debajo de la que ocupaba en 2018.
La puntuación española en esta categoría se ha reducido hasta los 0,4193 puntos. Además, los cuatro registros más desfavorables se concentran entre 2021 y 2025, mientras que la pérdida de valor positivo respecto a 2005 supera el 70%.
La evolución del estado de derecho constituye otro de los principales motivos de preocupación recogidos en el documento. España presenta su peor calificación histórica en este apartado, después de retroceder cinco posiciones desde la llegada de Sánchez al Ejecutivo y 25 desde 1996.
Tampoco ofrece un balance favorable el indicador relativo a la corrupción. En este caso, España ha perdido cuatro puestos desde 2018 y 41 respecto a su máximo de 2003. La medición tiene en cuenta la percepción sobre el uso del poder institucional para favorecer intereses privados.
Por otro lado, el país aparece en la posición 106 en materia de estabilidad política y ausencia de violencia. Son 16 lugares menos que en 2018 y 26 por debajo de su clasificación de 1996.
Estas cifras se producen pese a que el Banco Mundial introdujo en 2025 una modificación en su metodología de evaluación. La actualización obligó a revisar los resultados de toda la serie histórica y elevó determinadas puntuaciones españolas respecto al sistema anterior. No obstante, el cambio estadístico no ha alterado la trayectoria descendente que identifica el Instituto Mesias.
Más allá de las clasificaciones internacionales, el estudio examina las consecuencias que puede tener este escenario sobre la imagen exterior de España. Sus autores advierten de que la pérdida de confianza en las instituciones y las dudas sobre la seguridad jurídica pueden convertirse en obstáculos para captar inversiones y mantener la competitividad económica.
En este contexto, el documento dedica parte de su análisis a los escándalos políticos y las investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno. El observatorio considera que la sucesión de estas controversias contribuye a debilitar la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de las administraciones.
Entre las situaciones examinadas figuran las causas judiciales que afectan a personas próximas a Sánchez, las investigaciones sobre antiguos dirigentes socialistas y los procedimientos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública. El estudio alude a más de un centenar de personas investigadas en distintos asuntos.
La gestión de los servicios públicos también aparece entre los factores que, según el informe, afectan a la reputación institucional. En concreto, menciona los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, a los que atribuye conjuntamente 116 víctimas mortales, y las investigaciones sobre posibles prácticas irregulares en contratos vinculados a las infraestructuras ferroviarias. El documento recoge estas cuestiones sin que ello permita dar por demostrada una conexión penal entre los siniestros y los presuntos delitos investigados.
A estas preocupaciones se añaden las relativas al funcionamiento del sistema electoral. El Instituto Mesias señala las controversias surgidas alrededor de los registros censales, los procedimientos de adquisición de nacionalidad vinculados a la denominada "Ley de nietos" y las garantías del voto por correo y del sufragio de los españoles residentes en el extranjero.
El observatorio interpreta estos episodios como señales de una creciente desconfianza hacia los mecanismos de supervisión y control del Estado, aunque las sospechas mencionadas no constituyen por sí mismas pruebas de fraude electoral.
En definitiva, el informe sitúa a España ante un escenario de debilitamiento institucional que considera especialmente preocupante por su persistencia en el tiempo. Sus autores alertan de que, si no se revierte esta evolución, las consecuencias podrían extenderse tanto al funcionamiento de las administraciones como a la credibilidad internacional y al atractivo económico del país.