
El socio de Begoña Gómez vuelve a estar contra las cuerdas
Los 10,2 millones concedidos a la UTE de Barrabés se lograron mediante fórmulas irregulares
La Fiscalía Europea recibirá este lunes un informe clave sobre los contratos públicos otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés, vinculado a Begoña Gómez. El documento, elaborado por la Unidad de Apoyo de la IGAE, denuncia fraude de ley y manipulación en las adjudicaciones.
Los peritos concluyen que los 10,2 millones concedidos a la UTE de Barrabés se lograron mediante fórmulas irregulares. Según el informe, las mesas de contratación fueron alteradas y los criterios aplicados no respetaron la normativa estatal.
El contenido del informe apunta a que Red.es sustituyó al Comité de Expertos, que debía realizar las valoraciones técnicas. La mesa de contratación asumió funciones que no le correspondían, vulnerando los procedimientos legales establecidos. Los técnicos detallan que se puntuaron elementos ajenos a los pliegos, como cartas de apoyo de multinacionales o currículos no contemplados.

Eso habría beneficiado directamente a la oferta de Innova Next SL y The Valley Digital Business School SL.
La relación personal y profesional entre Barrabés y la mujer del presidente del Gobierno vuelve al primer plano. Gómez firmó una carta de recomendación que fue utilizada como aval en licitaciones públicas. Tras ese gesto, comenzaron las adjudicaciones en cadena.
Las cifras acumuladas por la UTE superan los 20 millones de euros con contratos procedentes de distintos ministerios. Los peritos subrayan que la valoración de las ofertas se realizó con criterios “distintos de los anunciados”.
El juez Juan Carlos Peinado investiga estos hechos desde el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Solicitó la intervención de la Fiscalía Europea al estar implicados fondos del Fondo Social Europeo en parte de los contratos adjudicados. El informe sostiene que se aplicó una fórmula que inflaba automáticamente las notas técnicas.
La mejor oferta recibía un diez, aunque su puntuación real fuera modesta, desvirtuando la competencia entre empresas.
Los técnicos del Ministerio de Hacienda describen este sistema como un método pensado para aparentar legalidad mientras se evitaban los controles habituales. La calificación automática habría favorecido a la UTE de Barrabés en todas las fases del proceso.

El análisis también detecta irregularidades en los criterios económicos. Cada licitador obtenía cinco de los diez puntos previstos solo por presentar oferta, lo que reducía la diferencia entre las propuestas más baratas y las más caras. Las empresas con presupuestos altos obtenían una ventaja real frente a las que competían con precios más ajustados. Los peritos concluyen que los criterios aplicados “no reflejan la verdadera diferencia entre las ofertas económicas”.
El informe destaca que otros licitadores quedaron en posición inferior por no contar con contactos o apoyos externos. La documentación presentada por la UTE incluyó cartas de grandes empresas tecnológicas que no figuraban en los pliegos.
El alcance del procedimiento afecta también a la situación judicial de Begoña Gómez. La esposa del presidente está imputada por cinco delitos de corrupción tras las denuncias sobre su intervención en favor del empresario.
Más noticias: