La nueva maniobra de la Fiscalía para rescatar a Begoña Gómez

La Fiscalía ha pedido archivar la causa abierta contra Begoña Gómez en la investigación por su cátedra. La Fiscalía a la orden de Pedro Sánchez indicó que 121 correos no son suficientes para sostener una imputación por malversación.

Cristina Álvarez, asesora de Gómez, envió correos entre 2021 y 2024, pero la Fiscalía sostiene que no hubo perjuicio patrimonial. El Ministerio Público subraya que la asesora cumplió sus funciones como personal de confianza de la esposa de Sánchez.

“No ha existido detrimento para el patrimonio público por enviar correos en nombre de Begoña Gómez”, indicó el fiscal San Baldomero. El archivo de la causa deja a la vista la protección de la Fiscalía hacia la esposa del presidente del Gobierno.

Begoña Gómez no se presentó por quinta vez ante el juez, y solo acudió su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Tampoco compareció la asesora Cristina Álvarez ni el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. La presencia de los abogados fue suficiente para que las acusaciones expusieran sus argumentos ante el juez instructor.

Hazte Oír, Iustitia Europa, Vox y Manos Limpias detallaron los supuestos desvíos de fondos en los negocios privados de Gómez. Las asociaciones insistieron en que los correos de Álvarez podrían implicar irregularidades en la cátedra de la esposa de Sánchez.

Sin embargo, la defensa afirmó que Gómez no es empleada pública y no puede cometer un delito reservado a funcionarios. El abogado de la esposa de Sánchez destacó que no existen indicios de delito contra Gómez ni contra ninguna otra persona. La Fiscalía avala este argumento, dejando sin efecto las acusaciones populares pese a las pruebas documentales presentadas.

El caso evidencia el papel protector del Ministerio Público en asuntos que involucran a la familia del presidente.

Expertos legales critican que la Fiscalía actúe con una visión favorable hacia la esposa de Sánchez, ignorando posibles conflictos.  La actuación de la Fiscalía refuerza la percepción de que ciertos procesos judiciales se tratan con mayor indulgencia política.

Mientras tanto, las acusaciones populares continúan defendiendo que la investigación debería avanzar y no limitarse a un archivo. El proceso judicial seguirá bajo supervisión del juez, aunque la petición de archivo de la Fiscalía complica el avance de la causa.