Según Antifraude, Puig realizaba contratos menores en necesidades recurrentes, sorteando las normas de contratación
La Agencia Valenciana Antifraude ha emitido una resolución que señala al ex presidente de la Generalitat Valenciana y actual embajador de España ante la OCDE, el socialista Ximo Puig, por irregularidades en la contratación pública durante su mandato. La resolución acusa a Puig de utilizar contratos menores para cubrir necesidades recurrentes, eludiendo así las normas de contratación pública y produciendo un fraccionamiento fraudulento de los contratos. Esto se habría hecho sin la debida publicidad y concurrencia, y sin someter los contratos a la fiscalización previa requerida al tratarlos como contratos menores.
La Agencia Antifraude ha instado a la Presidencia de la Generalitat, actualmente bajo Carlos Mazón, a iniciar un procedimiento de revisión de oficio de todos los contratos menores investigados, al haber incurrido en causa de nulidad de pleno derecho por prescindir del procedimiento legalmente establecido. Esta recomendación surge tras la investigación de una alerta sobre presuntas irregularidades en Presidencia de la Generalitat, específicamente en los contratos menores de servicios de restauración para reuniones de trabajo y el suministro de menaje para el comedor del Palau, desde 2018 hasta 2022.
En sus conclusiones, la Agencia destaca que estos contratos menores se formalizaban con el mismo objeto y denominación, lo que implica que se estaban utilizando para satisfacer necesidades recurrentes y no esporádicas, eludiendo así las normas de contratación y produciendo un fraccionamiento fraudulento. Además, los mecanismos de control previos, como la fiscalización, fueron evadidos al tramitarse como contratos menores.
El informe también evidencia que el órgano de contratación actuó de manera contraria a la ley al adjudicar estos contratos año tras año, infringiendo el límite temporal de un año y, en algunos casos, formalizando varios contratos en un mismo periodo, violando el límite cuantitativo de 15.000 euros. Esta situación era conocida y no se corrigió, a pesar de las advertencias de la Intervención Delegada sobre el incumplimiento normativo.
Finalmente, el informe señala la ausencia de presupuestos, estudios previos de mercado o justificación de su inexistencia, lo que también era conocido y no corregido por el órgano de contratación. Esta falta de transparencia y el uso indebido de los contratos menores constituyen las principales críticas de la Agencia Valenciana Antifraude en su resolución.
