El pasado 29 de octubre, mientras cientos de familias luchaban por proteger lo que podían, el barranco del Poyo descargaba más de 400 metros cúbicos por segundo. La catástrofe ya estaba en marcha. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pese a contar con datos en tiempo real a las 17:35, no lanzó ninguna alerta oficial hasta las 18:43. Una hora y ocho minutos de silencio institucional en medio de una emergencia creciente.
La explicación dada por la operadora del sistema SAIH, Carmen González, en el Senado ha sido tan técnica como insuficiente: hubo que verificar el modelo hidrológico. Lo que cuesta entender es por qué, si el sistema automático ya mostraba un caudal desbordado, se necesitó tanto tiempo para actuar. Porque cuando hablamos de una riada, el tiempo no es un lujo: es una cuestión de vidas humanas.
¿Qué habría pasado si se hubiera enviado la alerta antes? ¿Cuántas evacuaciones podrían haberse adelantado? ¿Cuántos daños se habrían podido evitar con apenas unos minutos más de margen? Preguntas incómodas que nadie en la CHJ ha respondido con contundencia.
