El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha captado toda la atención durante estos últimos días tras sus incendiarias declaraciones sobre el PSOE. Hace pocos días la Fiscalía le ha apoyado tras su denuncia contra el Partido Socialista por 'relevación de secretos'.
La acusación popular de Iustitia Europa en el ‘caso Koldo’ ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue al exministro José Luis Ábalos. Esta petición se realiza tras la finalización e incorporación a la causa de la auditoría interna. La misma que fue encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre el supuesto caso de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Iustitia Europa ha presentado un escrito al juez instructor, Ismael Moreno, argumentando que existen indicios "racionales y suficientes" para imputar a Ábalos. Esto, por presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de fondos públicos, blanqueo de capitales y fraude administrativo.
Desde la acusación popular aseguran que exministro "no puede pasar un segundo más sin que Ábalos sea imputado en la causa ante la Audiencia Nacional". Esto, porque el informe de la auditoría del Ministerio de Transportes señalaba decenas de presuntas evidencias que salpican al exministro socialista. En el informe de Iustitia Europa aseguran que:
Las decisiones y conocimiento eran a nivel ministro, de gabinete del ministro, habilitado por el ministro, con conocimiento del ministro, avalado por el ministro. Y que dichos movimientos se realizaban al más alto nivel de ministro y que, en definitiva, las decisiones se tomaban a nivel ministro.
Según la auditoría interna del Ministerio de Transportes apunta directamente a Ábalos. Además, presenta indicios de cómo se aprovechó de la normativa de emergencia durante la pandemia para eludir el derecho administrativo con resoluciones que eran claramente contrarias a la ley.
La acusación destaca que en la primera compra a Soluciones de Gestión, la empresa central de la trama, se duplicó la cantidad de mascarillas de cuatro a ocho millones. Esto, "utilizando el derecho de emergencia del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014".
