En el sector energético se estudian medidas legales contra el Ejecutivo por el apagón

El 28 de abril, un apagón dejó sin luz a gran parte de España, afectando a millones de ciudadanos y empresas. El Gobierno culpó a las compañías eléctricas privadas, mientras estas exigieron explicaciones a Red Eléctrica de España (REE).

Iberdrola anunció que tomará medidas legales para defender sus derechos y los de sus clientes tras ser señalada por el Ejecutivo. El 5 de mayo, un caos ferroviario afectó a más de 10.000 pasajeros en la línea Madrid-Sevilla, con 30 trenes retrasados.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuyó el incidente a un sabotaje y apuntó a la empresa privada Iryo como responsable. Iryo negó las acusaciones y afirmó que no hay indicios de fallos eléctricos ni daños físicos provocados por sus trenes.

La empresa también aseguró disponer de material gráfico que respalda su versión de los hechos. En marzo de 2024, Puente criticó a Iryo y Ouigo por su política de precios bajos, acusándolas de perjudicar a Renfe.

Estas declaraciones generaron malestar en el sector ferroviario, que ahora se intensifica tras los recientes incidentes. Las empresas privadas acusan al Gobierno de construir un relato para culparlas de los problemas y evitar asumir responsabilidades.

En el sector energético, se estudian medidas legales contra el Ejecutivo por su gestión del apagón del 28 de abril. Red Eléctrica aún no ha determinado las causas exactas del apagón y espera información de las compañías eléctricas.

El presidente Sánchez defendió el modelo energético basado en renovables y rechazó financiar la ampliación de las nucleares. La demanda eléctrica el día del apagón fue un 40,9% menor que el mismo día de 2024, según datos oficiales.

Un experto explicó que las placas solares no funcionaron durante el apagón debido a características técnicas de los inversores. El 5 de mayo, además del "enganchón" de un tren de Iryo, se registraron robos de cable y fallos de señalización en la red ferroviaria.

Estos incidentes provocaron retrasos significativos y afectaron al servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El ministro Puente calificó el robo de cobre como sabotaje y destacó su escasa rentabilidad económica comparada con el daño causado.

Renfe e Iryo se enfrentaron por la responsabilidad del "enganchón", mientras Adif y las fuerzas de seguridad investigan. El PP exigió una auditoría del sistema ferroviario y compensaciones a los usuarios afectados por el caos del 5 de mayo.

La OCU también reclamó indemnizaciones y mejores planes de contingencia ante estas situaciones recurrentes. En septiembre de 2024, Puente nombró a Luis Pedro Marco de la Peña como nuevo presidente de Adif, tras cesar a Ángel Contreras.

Marco de la Peña es ingeniero de Caminos y ha ocupado diversos cargos en el sector público y privado relacionados con infraestructuras. El sector ferroviario critica que los nuevos nombramientos responden a criterios políticos más que técnicos.

Fuentes del sector señalan que se han desplazado a técnicos valorados en favor de perfiles ideologizados. Los operadores privados de energía y ferrocarril expresan su malestar por la estrategia de comunicación del Gobierno.

Acusan al Ejecutivo de lanzar "bombas de humo" para desviar la atención de sus fallos de gestión. La "fiabilidad" es esencial para el negocio de estas empresas, y los ataques del Gobierno afectan su reputación.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rompió pactos con Sánchez tras el apagón y criticó su gestión. Feijóo propuso una comisión de investigación en el Senado sobre el apagón y los fallos ferroviarios recientes.

El portavoz de Sumar en el Congreso reclamó al ministro Puente más atención e inversión en el transporte convencional. El portavoz del PSOE culpó al anterior Gobierno del PP por no ejecutar las inversiones comprometidas en Cercanías.

La diputada de Vox, Carina Mejías, pidió la dimisión del ministro por su gestión y el "caos" en la red ferroviaria. El diputado del PP, Héctor Palencia, también exigió la dimisión de Puente por su "incapacidad total" para gestionar Transportes.

El Gobierno creó una comisión de investigación sobre el apagón, con participación del CNI y la Comisión Europea. Moncloa quiere determinar por qué a las 12:33 del 28 de abril desaparecieron 15 gigavatios del sistema eléctrico.

Red Eléctrica gestiona el centro de control central del sistema eléctrico, pero existen otros 35 centros gestionados por compañías eléctricas. Estas compañías aún deben facilitar toda la información requerida para identificar las causas del apagón.

El presidente Sánchez convocó a responsables de las principales eléctricas y de REE para pedir colaboración en la investigación.