Redes sociales Se intensifica la batalla entre las autonomías y el Gobierno por el reparto de menas
Los ayuntamientos madrileños aseguran que los centros están al límite y no pueden absorber más llegadas sin nuevos recursos
La crisis por los menores extranjeros no acompañados ha generado una nueva fractura entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. El conflicto estalló tras la suspensión de la Conferencia Sectorial de Infancia convocada por el Ministerio de Derechos Sociales.
El encuentro fue cancelado por falta de quórum, después de que las autonomías gobernadas por el Partido Popular no asistieran.
Las regiones populares acusan a Moncloa de imponer cuotas de reparto sin consenso, lo que ha tensado aún más la relación institucional. El Ejecutivo central calificó el plante como un boicot y reaccionó bloqueando la partida adicional de 22 millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno mantiene el envío de 3.975 menores desde Canarias a varias comunidades a partir del 28 de agosto.
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La Comunidad de Madrid recibirá 647 menores, una cifra que el Ejecutivo regional considera desproporcionada y técnicamente injustificada.
Los ayuntamientos madrileños aseguran que los centros están al límite y no pueden absorber más llegadas sin nuevos recursos. Pozuelo de Alarcón es uno de los municipios señalados para recibir hasta 400 menores en el centro de atención CREADE.
En la región también preocupa la falta de información clara por parte de la Delegación del Gobierno sobre estos traslados. El alcalde de Pozuelo denuncia que no han recibido comunicaciones oficiales ni plazos concretos por parte de Moncloa.
A esta tensión se suma el caso de Alcalá de Henares, donde un menor tutelado fue detenido por una agresión sexual. La situación ha reactivado el debate sobre la saturación de centros y la falta de control sobre algunos menores.
En Madrid señalan directamente al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por su falta de respuestas | Redes sociales
Desde la Comunidad critican que no se haya actualizado el sistema de financiación estatal para acoger a estos jóvenes.
Fuentes regionales apuntan que los costes reales de manutención no están cubiertos con los fondos actuales del Estado.
El problema se extiende más allá de Madrid: Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares también denuncian desbordamiento y abandono. En Alcalá, hasta el pasado jueves no hubo coordinación entre Ayuntamiento, Comunidad y Delegación del Gobierno.
La Junta de Seguridad celebrada ese día dejó al descubierto la falta de comunicación entre administraciones.
En Madrid señalan directamente al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por su falta de respuestas y coordinación. Desde Sol acusan a Martín de haber roto los canales de diálogo y actuar con un perfil excesivamente partidista.
La tensión no es nueva. En episodios recientes, como la DANA de 2023 o las lluvias de marzo, ya hubo falta de apoyo estatal.
La presidenta Ayuso lideró entonces la respuesta regional ante la ausencia de una actuación clara desde Moncloa. Ahora, la presión migratoria vuelve a encender las alarmas en territorios que se sienten desbordados y sin respaldo.
Los alcaldes piden transparencia, planificación y medios, no decisiones unilaterales, sin consulta previa.
Moncloa, por su parte, insiste en la necesidad de un reparto solidario ante la presión en las islas y ciudades autónomas. El 28 de agosto comenzará el nuevo traslado de menores. Si no hay acuerdos, el choque institucional podría agravarse aún más.
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