Sánchez sin salida: la UCO desmonta su versión de 'lawfare' en el caso Begoña Gómez

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha sacudido el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El documento analiza correos electrónicos que contradicen la versión de Begoña Gómez, ella había calificado las gestiones de su asesora como "favores puntuales".

Ahora, estos emails sugieren un uso irregular de recursos públicos,  esto fortalece la acusación de malversación y  debilita la tesis de 'lawfare' que defiende el Ejecutivo.

La UCO, especializada en investigaciones complejas, ha revisado mensajes entre abril de 2021 y junio de 2023. En ellos, Cristina Álvarez, asesora de Gómez, coordina adendas, donaciones y convenios para la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC).

Esta cátedra la codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Los correos se enviaron en horario laboral. Estos involucran a unas veinte personas, entre ellas destaca Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la universidad.

El juez Juan Carlos Peinado instruye el caso. Inicialmente, rechazó indagar por malversación tras una denuncia de Hazte Oír. Pero cambió de idea con nuevos indicios.

La Audiencia Provincial de Madrid respaldó su decisión, y Peinado propone que, si hay juicio, un jurado popular lo juzgue. Datos citados indican un 89,9% de probabilidades de condena en estos supuestos.

La pieza por malversación se abrió en marzo de 2025, Begoña Gómez declaró el 10 de septiembre. Admitió pedir "favores", pero negó irregularidades.

El Gobierno acusa de 'lawfare', es decir, uso político de la Justicia. Pedro Sánchez lo denunció en una carta de abril de 2024, dijo que reflexionaba sobre su continuidad. En una entrevista en TVE de septiembre de 2025, insistió: "Hay jueces haciendo política".

Ministros como Óscar Puente, de Transportes, y Fernando Grande-Marlaska, de Interior, critican a Peinado. Puente lo tilda de "burdo" y Marlaska, de "miserable".

Pilar Alegría, portavoz, defiende:

Los informes de la UCO demuestran que todo se hizo correctamente.

Sin embargo, la UCO, dependiente de la Guardia Civil, opera con independencia. Su informe llega en un momento clave, desactiva el argumento de persecución política.

En cambio, resalta indicios de delito. Fuentes judiciales hablan de una "cristalización progresiva" de pruebas. La instrucción es dinámica, dice Peinado.