Sánchez se reúne con el líder senegalés tras regarle con ayudas e ignora sus penas a homosexuales

Pedro Sánchez vuelve a protagonizar nuevas contradicciones tras reunirse hoy con el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye en el Complejo de la Moncloa. El líder de un país que condena la homosexualidad y que recientemente ha sido noticia por el endurecimiento de las penas.

Algo que el presidente del Gobierne parece ignorar completamente, ya que lo recibe este jueves y tiempo atrás, entre 2021 y 2024, el Gobierno socialista destinó cerca de 12 millones de euros en subvenciones públicas a Senegal.

Las ayudas provienen principalmente de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y se otorgan como subvenciones económicas sin necesidad de contraprestación, tal como consta en el registro oficial de subvenciones del Estado.

Una vez más, Sánchez vuelve a ser incoherente con sus discursos y sus acciones. Mientras vende unos discursos a favor de los derechos humanos, de los homosexuales, se reúne con los líderes que los persiguen y los condenan.

El Gobierno senegalés, a través de su ministro del Interior, Bamba Cissé, defendió ante el Parlamento una iniciativa que, según explicó, se basa en valores culturales propios del país. En su intervención, subrayó que ninguna sociedad debería imponer sus normas a otra y comparó esta postura con la prohibición de la poligamia en algunos países occidentales, reivindicando así el derecho de Senegal a legislar conforme a sus tradiciones.

En este contexto, la Asamblea Nacional —de carácter unicameral— aprobó un proyecto de ley que ha generado gran controversia y que endurece las sanciones contra las relaciones homosexuales. La propuesta salió adelante con un respaldo casi unánime: 135 votos favorables, tres abstenciones y ningún rechazo, tras haber sido impulsada a petición del primer ministro, Ousmane Sonko.

El texto establece que quienes cometan lo que se describe como un “acto contra natura” podrán enfrentarse a penas de prisión de entre cinco y diez años, lo que supone un aumento significativo respecto a la legislación vigente hasta ahora, que contemplaba condenas de uno a cinco años.