La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil proporcionó al juez sus sospechas sobre un presunto aviso a los investigados en el caso Koldo. Esto ocurrió justo cuando las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez estaban llegando a su punto culminante.
En ese momento, según un documento fechado el 6 de noviembre de 2023, Koldo García, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche ya tenían conocimiento de una investigación penal en su contra. Esto ocurrió apenas nueve días antes de que Sánchez se enfrentara al debate de investidura en el Congreso de los Diputados.
Solo tres días después, el candidato socialista anunció que había asegurado los apoyos necesarios para su reelección como presidente del Gobierno, tras llegar a un acuerdo con Junts. Este acuerdo, escrito entre el PSOE y Junts, implicaba el respaldo de los siete diputados de Junts a Pedro Sánchez durante la votación de investidura. Esto sería a cambio de aprobar una Ley de Amnistía y establecer una mesa de negociación con la participación de un mediador internacional.
En ese momento, la Audiencia Nacional ya llevaba dos meses investigando la presunta trama en la venta de mascarillas al Gobierno de Sánchez. El 8 de septiembre, el juez inició las diligencias previas, emitiendo órdenes para autorizar la intervención de comunicaciones telefónicas de los investigados y la localización de sus vehículos. Desde entonces, los investigadores de la UCO enviaron informes mensuales al juez, detallando los principales hallazgos y progresos de sus investigaciones.
En el informe, la UCO incluyen un apartado en el que informan al juez sobre los indicios que sugieren que Koldo, Cueto y Rotaeche estaban al tanto de la investigación. Estas sospechas se vieron corroboradas cuando la UCO grabó una conversación entre Koldo y su hermano Joseba, durante la cual Koldo mencionó. "Me parece que son 27 personas a las cuales están siguiendo".
