El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a las andadas. El Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, ha actualizado las cuotas de acogida de menores extranjeros no acompañados y la Comunitat Valenciana se queda con una de las facturas más abultadas: 1.903 plazas, convirtiéndose en la cuarta autonomía que más menores recibirá. Todo esto, mientras sigue sin resolver el déficit de financiación crónico que arrastra la región.
El año pasado la cifra era de 1.767. Ahora sube. El Ministerio ha elevado la capacidad ordinaria global hasta las 17.081 plazas en toda España, y a la Comunitat le toca asumir un incremento que nadie ha pactado con Pérez Llorca. Porque el Consell no ha sido consultado de verdad. Se le impone.
El borrador de real decreto que recoge estas cifras será elevado "de manera inminente" al Consejo de Ministros, según ha anunciado la propia Rego. Un documento que distribuye responsabilidades entre comunidades autónomas aplicando una fórmula basada en población, sin tener en cuenta la capacidad real de cada territorio ni su situación financiera. Andalucía encabeza el reparto con 3.009 plazas, seguida de Cataluña con 2.829 y Madrid con 2.471. La Comunitat Valenciana aparece en cuarto lugar con 1.903.
El agravio es doble. Primero, porque la Comunitat es la autonomía peor financiada del país, una realidad que el Gobierno de Sánchez lleva años ignorando. Segundo, porque se le exige asumir más carga sin garantizar los recursos para hacerlo. Pérez Llorca ha demostrado en los últimos meses que la Generalitat no rehúye sus responsabilidades. Lo hizo con el plan de 421 millones frente a la crisis de Irán. Lo hace cada vez que Madrid falla.
Pero la solidaridad tiene un límite cuando no va acompañada de financiación justa. Sánchez puede seguir repartiendo obligaciones entre comunidades. Lo que no puede seguir haciendo es mirar hacia otro lado cuando llega la hora de pagar la cuenta. Con la Comunitat Valenciana, ese momento lleva demasiado tiempo pendiente.
