Sánchez impone un cerrojo legal a empresas que recibieron ayudas para que no huyan

El gobierno de Pedro Sánchez implantará una estrategia para que las empresas que hayan recibido ayudas del Estado no se vayan de España.

Dicha estrategia ha sido impulsada por el PSOE y Sumar. Los dos partidos del gobierno ya han presentado la propuesta que busca imponer restricciones a aquellas compañías beneficiadas.

La Comisión de Industria y Turismo del Congreso ya ha apopado dicha propuesta. Esta plantea que las empresas que hayan recibido subvenciones de más de tres millones  de euros durante cinco años no puedan abandonar el país.

Según la propuesta, las compañías deben cumplir un periodo específico operando. Los periodos serían de cinco años para las grandes empresas, tres para las medianas y dos para las pequeñas.

Según Ok Diario, la propuesta incluirá una exigencia extra. Que de cualquier empresa que inicie operaciones en el extranjero debe noticiarla en un periodo de nueve meses.

Supuestamente, esta iniciativa tomada por el ejecutivo es para proteger la inversión pública. Desde el Ejecutivo argumentan que se trata de una forma de proteger la inversión pública. Además, garantizar que los recursos destinados a apoyar al tejido empresarial no se pierdan por decisiones que priorizan beneficios fiscales en otros países.

"Queremos garantizar que el dinero público se utilice de forma responsable", afirmaba Adriana Maldonado, portavoz socialista en la Comisión de Industria. Maldonado también subrayó que los principales puntos de la proposición ya se están debatiendo como parte del borrador de la nueva Ley de Industria.

La medida cuenta con el respaldo de los partidos del Gobierno y ha sido bien recibida por los grandes sindicatos. No obstante, se espera un intenso debate parlamentario para buscar consenso con los grupos de la oposición y las organizaciones empresariales.

El Ejecutivo insiste en que no se trata de una penalización, sino de una política de compromiso con el desarrollo económico del país. "No podemos permitir que las empresas se beneficien de ayudas públicas para después abandonar el país, dejando un vacío económico y social", añadía Maldonado.

Este blindaje busca disuadir la deslocalización empresarial, especialmente en sectores estratégicos. En el caso de incumplimiento, se considerará que la empresa ha roto su compromiso si reduce en más de un 65% su producción.

Además, la nueva ley contempla la creación de una "mesa para la reindustrialización" en la que la compañía, el Ministerio de Industria, los sindicatos y la comunidad autónoma afectada se sentarán para negociar alternativas.