Sánchez enfrenta posibles acciones legales por los vuelos de Begoña Gómez en el Falcon

El Gobierno podría enfrentar acciones legales por no informar sobre los vuelos de Begoña Gómez en el Falcon presidencial.

El Consejo de Transparencia exigió a Moncloa revelar los viajes de Gómez, pero el Ejecutivo se niega a facilitar los datos  requeridos.

La resolución del Consejo instaba a informar sobre destinos y motivos de los vuelos, así como posibles pagos de billetes en vuelos comerciales.

Moncloa ha ignorado la orden y podría ser llevada ante la Justicia para forzar la entrega de la información solicitada.

Juristas sostienen que la negativa a informar busca proteger a Gómez y que la Justicia podría intervenir para garantizar la transparencia.

El juez Juan Carlos Peinado investiga a Gómez por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional.

Se han hallado siete cuentas bancarias a su nombre, con un saldo total de 21.034,55 euros, según la investigación judicial en curso.

El empresario Víctor de Aldama afirmó que existen cuentas extranjeras con más de seis millones de dólares a nombre de Gómez.

Sin embargo, la Fiscalía archivó la denuncia por falta de pruebas concluyentes que acreditaran la existencia de dichas cuentas.

Gómez cuenta con una asistente personal financiada con dinero público, según ha declarado Cristina Álvarez ante el juez Peinado.

Correos electrónicos confirman que la asistente gestionó tareas vinculadas a la cátedra que Gómez dirige en la Universidad Complutense.

Su salario oscila entre 50.000 y 100.000 euros anuales y utiliza los sistemas de comunicación de la Presidencia del Gobierno.

La cátedra de Gómez fue financiada por grandes tecnológicas que aportaron fondos para el desarrollo de proyectos vinculados.

Telefónica contribuyó con 50.000 euros, Indra con 128.442 euros y Google destinó 110.000 euros al desarrollo del software.

Reuniones de trabajo relacionadas con la cátedra se llevaron a cabo en Moncloa, según datos revelados en la investigación.

Moncloa sigue sin aclarar si Gómez ha utilizado fondos estatales para viajes privados o gestiones vinculadas a su actividad.

El caso genera críticas sobre la falta de transparencia y la posible utilización de recursos públicos con fines personales.

Si la Justicia actúa, podría forzar a Moncloa a divulgar la información sobre los vuelos de la esposa del presidente.