La convocatoria de esta reunión, celebrada en vísperas del arranque de la campaña, ha desatado las críticas de Junts
El Gobierno de Pedro Sánchez pisa el acelerador a escasas horas del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre. El Ejecutivo central ha pactado con la Generalitat de Salvador Illa una transferencia de 1.148 millones de euros para avanzar en el traspaso de Rodalies, una operación que busca dejar encarrilada la cesión de competencias ferroviarias antes de una posible alternancia política en La Moncloa.
La decisión llega en un momento especialmente delicado para los socialistas, ante la posibilidad de que una victoria electoral del Partido Popular y Vox frene los compromisos adquiridos con Cataluña. En este contexto, ambas administraciones han decidido acelerar los trámites de una transferencia que todavía requiere cambios normativos para materializarse.
El acuerdo contempla una financiación de 1.148 millones de euros entre 2025 y 2028 y se centra especialmente en la transferencia de la infraestructura de la línea R1 de Rodalies, en el tramo comprendido entre La Sagrera, en Barcelona, y Maçanet-Massanes, en Gerona.
La operación ha quedado sellada este jueves durante una reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, celebrada en el Palau de la Generalitat, en la que han participado el consejero catalán de Presidencia, Albert Dalmau, y la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez.
Junts acusa al Gobierno de utilizar el traspaso con fines electorales
La convocatoria de esta reunión, celebrada en vísperas del arranque de la campaña, ha desatado las críticas de Junts. La formación independentista había solicitado su cancelación al considerar que se trataba de una "operación de propaganda al servicio del PSOE y el PSC".
La controversia ha llevado a ambas administraciones a evitar la tradicional rueda de prensa posterior al encuentro. En su lugar, han difundido los acuerdos mediante un comunicado oficial. Según informa EFE, la decisión se ha justificado por la necesidad de garantizar el "principio de neutralidad institucional" ante el comienzo del periodo electoral.
Pese a la urgencia política que rodea al anuncio, el traspaso todavía no tiene una fecha definitiva. Su ejecución depende de la aprobación de las modificaciones normativas correspondientes, por lo que el compromiso económico no supone una transferencia inmediata de las infraestructuras.
El pacto también da continuidad a las promesas del exministro de Transportes Óscar Puente, que durante su última visita a Barcelona defendió el carácter "irrevocable" de la cesión ferroviaria a Cataluña.
Los compromisos entre el Gobierno y la Generalitat no se limitan a Rodalies. Ambas administraciones también han acordado ampliar la colaboración para ejecutar mejoras en las autopistas AP-2 y AP-7, además de establecer un nuevo mecanismo de cooperación que permita reforzar la participación catalana en los aeropuertos de la comunidad.
