El escándalo de las pulseras antimaltrato suma un nuevo capítulo judicial que vuelve a comprometer la gestión del Ministerio de Igualdad. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este jueves a la sede del departamento dirigido por Ana Redondo para solicitar documentación relacionada con la adquisición de estos dispositivos, cuya financiación con fondos europeos está siendo examinada por la Fiscalía Europea.
Según ha informado EL MUNDO, los investigadores también se han desplazado al Tribunal de Cuentas para obtener información que permita esclarecer las posibles irregularidades en las contrataciones. Las diligencias buscan determinar si se produjo un fraude que afectara al dinero comunitario destinado a garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
La intervención se produce después de meses de controversia por el funcionamiento de unas pulseras que debían servir para vigilar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales. Los fallos detectados en el sistema ya habían provocado advertencias de la Fiscalía General del Estado por sus repercusiones en distintos procedimientos penales.
La intervención se produce después de meses de controversia por el funcionamiento de unas pulseras que debían servir para vigilar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento
Más de 100 millones en contratos bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas
Las dudas sobre la gestión de este servicio no son recientes. El pasado septiembre, el Tribunal de Cuentas hizo públicas las conclusiones de una fiscalización que revelaba graves carencias en el sistema de seguimiento telemático.
El análisis comprendía contratos formalizados en tres ejercicios diferentes, 2018, 2021 y 2023, con un valor acumulado de 102,6 millones de euros. Aunque esta cantidad corresponde al conjunto de adjudicaciones examinadas por el organismo, no implica que todo ese importe esté afectado por el presunto fraude investigado por las autoridades europeas.
Uno de los principales puntos de controversia se remonta al periodo en el que Irene Montero dirigía Igualdad. Entonces, el servicio fue adjudicado a una unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas Seguridad, a pesar de las reservas expresadas sobre el procedimiento previsto para transferir la información entre las compañías responsables del sistema.
Aquella transición se convirtió posteriormente en uno de los elementos centrales de la polémica por las incidencias registradas en los dispositivos.
La controversia tampoco impidió que, ya con Ana Redondo al frente del departamento, el Ministerio adjudicara nuevamente el servicio a Vodafone, pese a que la compañía había sido sancionada por los problemas detectados anteriormente.
Los fallos de las pulseras llegaron a afectar a procedimientos judiciales
La gravedad del asunto trascendió el ámbito administrativo cuando, en septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado recogió en su memoria anual las consecuencias que las deficiencias del sistema estaban teniendo en los tribunales.
El Ministerio Público advirtió de que los problemas relacionados con la información de los dispositivos habían contribuido a que se dictaran absoluciones en causas por violencia de género, al dificultar la acreditación de determinados incumplimientos de medidas judiciales.
Estas incidencias alimentaron las críticas sobre la capacidad del sistema para cumplir su función principal: proteger a las víctimas y permitir el control de los agresores.
Ahora, la investigación de la Fiscalía Europea abre un frente diferente, centrado en la legalidad de las contrataciones y en el posible perjuicio para los intereses económicos de la Unión Europea.
Redondo asegura que los fondos se utilizaron correctamente
Pese a la actuación de la Guardia Civil, la ministra Ana Redondo ha defendido este jueves la gestión de su departamento y ha asegurado que la investigación no constituye ninguna novedad.
Durante una comparecencia en el Ministerio, la responsable de Igualdad ha insistido en que su equipo lleva meses facilitando información a las instituciones que examinan el caso.
"No es nada nuevo", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado la "colaboración absoluta" de su departamento con las autoridades.
Redondo también ha sostenido que le consta que el dinero público destinado a las pulseras fue empleado de manera adecuada, aunque será la investigación la que determine si existieron irregularidades en el uso de los fondos europeos.
