Europapress Sánchez deja tiradas a 39000 familias tras la DANA y aún no paga las ayudas
Las familias afectadas por la DANA del 29 de octubre aún esperan una respuesta del Ejecutivo
La tragedia golpeó con fuerza a la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024. Una riada histórica arrasó viviendas, calles y pertenencias de miles de familias. Pedro Sánchez prometió entonces que “si necesitan recursos, que los pidan”.
Ocho meses después, la mayoría sigue esperando. De las 43.592 familias que solicitaron ayudas de primera necesidad al Gobierno central, apenas 4.913 han recibido respuesta. Esto representa solo el 11,27% del total.
Las cifras están disponibles en la web oficial de La Moncloa. Son datos actualizados a junio de 2025. Muestran una gestión lenta, desesperante y sin explicaciones convincentes para los damnificados.
Una deuda millonaria sin saldar
La media de la ayuda entregada ronda los 16.780 euros por familia. Si se multiplica esa cifra por las 38.679 familias que aún no han cobrado, la deuda del Gobierno se sitúa en unos 650 millones.
Estas ayudas están destinadas a cubrir daños urgentes en viviendas y enseres. Es decir, son anticipos básicos para reconstruir la vida. Pero la gran mayoría de los afectados no ha recibido ni un céntimo.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo central no hay declaraciones claras. Tampoco explicaciones públicas sobre la razón del retraso. El silencio empieza a resultar insoportable para quienes lo han perdido todo.
Tampoco explicaciones públicas sobre la razón del retraso. El silencio empieza a resultar insoportable para quienes lo han perdido todo. | Europapress
La Generalitat, mucho más rápida
En contraste, la Generalitat Valenciana ha demostrado una agilidad mucho mayor. De las 40.084 solicitudes recibidas, ya ha abonado ayudas a 27.761 familias. Eso equivale al 69% del total.
Es cierto que los importes son más bajos. La media se sitúa en torno a los 6.000 euros por hogar. Pero el compromiso autonómico ha sido más efectivo y se ha gestionado con seis veces más eficacia que la administración central.
La Generalitat ha pagado ya 166,5 millones de euros. La diferencia de ritmo es abismal. Mientras el Gobierno apenas ha ejecutado un 11% de las solicitudes, el ejecutivo autonómico ha respondido a más de dos tercios.
Los datos evidencian el colapso del sistema estatal de ayudas. Miles de familias siguen atrapadas entre el papeleo, las promesas y la burocracia.
La Generalitat ha pagado ya 166,5 millones de euros. La diferencia de ritmo es abismal. Mientras el Gobierno apenas ha ejecutado un 11% de las solicitudes, el ejecutivo autonómico ha respondido a más de dos tercios. | Europapress
Promesas vacías y desesperación creciente
La indignación crece cada semana entre los afectados. Las lluvias arrasaron todo, pero la respuesta institucional no ha estado a la altura. Muchas de estas personas han tenido que endeudarse para poder rehacer sus vidas.
El mensaje lanzado por Sánchez el 2 de noviembre sigue resonando. Pero sus palabras no han ido acompañadas de hechos. Lo que debía ser un alivio urgente, se ha convertido en una tortura prolongada.
Las ayudas de primera necesidad tienen carácter de urgencia. No son subsidios de lujo. Son recursos para familias que lo han perdido todo y no pueden esperar años a que llegue la ayuda prometida.
El Gobierno debe explicar con claridad qué ha pasado. Por qué se han entregado solo 82 millones de euros cuando hay cientos de millones aún sin repartir. Y por qué no hay transparencia en la gestión.
Exigencia de soluciones inmediatas
Las asociaciones vecinales piden respuestas. También los ayuntamientos de las zonas afectadas, que se sienten desbordados. Mientras el tiempo pasa, las heridas siguen abiertas y la rabia aumenta.
No se trata de cifras, sino de personas. Familias con niños, mayores dependientes, hogares destrozados. Cada día de retraso agrava el problema y cada semana sin solución, mina la confianza en las instituciones.
El Gobierno central aún tiene la oportunidad de rectificar. Pero el reloj corre y la paciencia de los damnificados se agota. España no puede permitirse otro fracaso en la gestión de catástrofes.
La Comunidad Valenciana exige justicia. Exige que se cumplan las promesas. Y exige, sobre todo, que quienes sufrieron una tragedia no tengan que mendigar la ayuda que se les prometió hace ocho meses.
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