Sánchez aprueba 833 millones para programas de acogida e integración de migrantes en España
Sánchez destina millones para la acogida de inmigrantes
porJose Andres Jorge Barceló
politica
La medida implica la modificación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para permitir que el Ministerio de Inclusión pueda comprometer recursos de carácter plurianual
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una de las partidas económicas más relevantes de las últimas semanas al autorizar una modificación de los límites de gasto que permitirá destinar 833,3 millones de euros a la financiación de la red de acogida migratoria y de los programas de protección internacional gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La medida, aprobada en la reunión del Ejecutivo celebrada este martes, tiene como objetivo cubrir las necesidades adicionales de financiación de los programas de atención humanitaria y acogida de solicitantes de asilo y protección internacional durante los próximos ejercicios presupuestarios. En concreto, el acuerdo contempla compromisos de gasto para el año 2027 por un importe de 833.344.737 euros.
La autorización llega en un contexto marcado por el incremento de los flujos migratorios hacia España y por la presión que soportan los sistemas de acogida en distintas comunidades autónomas. El Gobierno defiende que estos recursos son necesarios para garantizar la asistencia a las personas que llegan al país en situación de vulnerabilidad y para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por España en materia de protección humanitaria.
Contrato de ayudas a la acogida de inmigrantes
Una de las mayores partidas aprobadas por el Ejecutivo
La cantidad destinada a la red de acogida migratoria figura entre los acuerdos económicos más importantes aprobados en el último Consejo de Ministros. La medida implica la modificación de los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria para permitir que el Ministerio de Inclusión pueda comprometer recursos de carácter plurianual.
Según el Ejecutivo, esta financiación permitirá mantener y ampliar los dispositivos de atención humanitaria, alojamiento temporal, asistencia social, apoyo psicológico, orientación jurídica e integración de personas solicitantes de asilo o beneficiarias de protección internacional.
El acuerdo se enmarca dentro de la planificación presupuestaria del Gobierno para los próximos años y responde a la necesidad de garantizar la continuidad de unos programas que han experimentado un importante crecimiento debido al aumento de las solicitudes de protección internacional registradas en España.
Más decisiones económicas del Consejo de Ministros
La reunión del Consejo de Ministros también incluyó otras decisiones de elevado impacto presupuestario. Entre ellas destaca la autorización de 374 millones de euros procedentes del Fondo de Contingencia para financiar operaciones de mantenimiento de la paz desarrolladas por las Fuerzas Armadas españolas en el exterior.
Asimismo, se aprobó un suplemento de crédito cercano a los 10 millones de euros para la Jefatura Central de Tráfico y se autorizó a la Región de Murcia a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por valor de 121 millones de euros.
Por otro lado, el Ejecutivo dio luz verde a diversas operaciones de crédito extraordinario destinadas a organismos y entidades del sector público estatal, además de aprobar varias contribuciones voluntarias a organismos internacionales por parte de distintos ministerios.
Debate político sobre el gasto público
La aprobación de esta partida para la red de acogida migratoria ha generado ya reacciones en el ámbito político. Mientras el Gobierno sostiene que se trata de una inversión imprescindible para atender obligaciones humanitarias y reforzar los sistemas de protección internacional, los partidos de la oposición cuestionan el volumen del gasto comprometido y reclaman una mayor transparencia sobre el destino final de los fondos.
El debate se produce además en un momento de fuerte polarización política en torno a las políticas migratorias, la gestión de las fronteras y el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
