Sánchez ahuyenta a los inversionistas por la inestabilidad del Gobierno

España supera los 600 días sin Presupuestos Generales del Estado, una situación que afecta directamente a la confianza inversora. El 1 de enero de 2024 se cumplió el día 609 desde la caducidad de los últimos PGE aprobados en las Cortes en diciembre de 2022.

Desde entonces, el país avanza por inercia, sin una ley que marque el gasto ni la distribución de recursos según la realidad económica. La ausencia de Presupuestos obliga al Gobierno a improvisar, ajustándose a las demandas de los socios en la Cámara Baja.

Empresarios advierten que la situación política es el principal factor que aleja la inversión extranjera de España en este momento. El efecto sobre la economía real es gradual, pero constante, con decisiones estratégicas que se retrasan por la falta de certidumbre normativa. Grandes proyectos de inversión quedan paralizados, y la previsión de crecimiento se ve condicionada por la incertidumbre política permanente.

Fondos internacionales valoran los riesgos macroeconómicos, pero la falta de reglas claras hace que miren hacia otros mercados más estables.

El clima de provisionalidad preocupa especialmente a sectores que requieren planificación a largo plazo, como infraestructuras y energía. Analistas destacan que la sensación de improvisación en el Gobierno genera inseguridad jurídica y frena compromisos de inversión privada.

La negociación de nuevos presupuestos se ha visto postergada por conflictos internos entre PSOE, Sumar y otros socios parlamentarios. El retraso en la aprobación de las cuentas anuales limita la capacidad de inversión pública, afectando también la ejecución de proyectos estratégicos.

La inestabilidad política afecta incluso a decisiones de inversión en comunidades autónomas, donde la financiación depende de las cuentas estatales. Empresarios españoles coinciden en que la incertidumbre prolongada genera desconfianza y reduce la competitividad frente a otros países europeos. Algunos fondos optan por inversiones más seguras en mercados con reglas claras y estabilidad institucional, dejando a España en segundo plano.

Sectores como infraestructuras, transporte y energías renovables sufren retrasos, con proyectos paralizados por falta de recursos aprobados oficialmente.

El riesgo percibido no se limita a grandes compañías; pequeñas y medianas empresas también reducen planes de expansión ante la inseguridad política.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez enfrenta un desafío doble: gobernar sin Presupuestos y recuperar la confianza de los inversores internacionales.

Mientras tanto, el país sigue funcionando con cuentas prorrogadas, pero con una clara limitación para impulsar proyectos estratégicos y nuevas inversiones.