
La crisis inmigratoria se agrava en Baleares ante la llegada masiva desde Argelia
El incremento de llegadas se ha intensificado en agosto, lo que ha desbordado los recursos sociales y centros de acogida de las islas
Baleares enfrenta una crisis migratoria sin precedentes, con llegadas masivas de inmigrantes ilegales procedentes de Argelia. El incremento de llegadas se ha intensificado en agosto, lo que ha desbordado los recursos sociales y centros de acogida de las islas.
El Govern balear denuncia sentirse desamparado, ya que la competencia sobre gestión de inmigración corresponde al Estado central. Manuel Pavón, director de inmigración, destaca que Baleares solo tiene competencias en integración y adaptación social de los migrantes. La comunicación con Madrid es prácticamente inexistente, pese a los reiterados intentos de Prohens y su equipo de establecer contacto.
Se han enviado cartas a varios ministerios, incluidos Interior, Infancia y Exteriores, solicitando apoyo urgente ante la crisis. Según Pavón, se enteran de llegadas y salidas “por la prensa”, evidenciando la falta de coordinación del Gobierno central.
En la última reunión del Govern, Delegación del Gobierno declinó asistir, mostrando un vacío en la colaboración estatal.
Desde la Consellería de Familias señalan que no hay comunicación con Moncloa y que los avisos sobre ilegalidades se ignoran sistemáticamente.

El pasado 17 de julio, Baleares no acudió a la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, alegando ilegalidad en el orden del día.
Aun así, el Gobierno central continuó con la reunión y amenazó con retener los fondos comprometidos a las comunidades autónomas. Sira Rego, ministra de Infancia, acusó al Govern balear de “racista” por negarse a recibir menores no acompañados en el reparto nacional.
Pavón defiende una “inmigración regulada y controlada” y rechaza la decisión unilateral de Moncloa sobre el reparto de menores.
La situación es especialmente grave con los menores no acompañados, que superan en un 1.000% la capacidad de acogida de Baleares. La Consellería destaca que no se puede garantizar un trato adecuado a los menores, que requieren atención educativa, psicológica y social.
Desde 2022, el número de ‘menas’ en las islas se ha multiplicado por cuatro, aumentando la presión sobre los servicios públicos locales.
La atención a estos menores ha obligado a destinar recursos extraordinarios: Formentera ya ha invertido más de 4 millones de euros este año. El Gobierno central solo comprometió 2 millones para toda Baleares, evidenciando la falta de apoyo y recursos suficientes para la crisis.
Pavón denuncia que el Estado trata a los menores como “paquetes” y anuncia que Baleares agotará todas las vías legales para revertir el Real Decreto. El reparto aprobado por Moncloa es considerado arbitrario y discriminatorio, ya que excluye a Cataluña y País Vasco del sistema nacional. El Govern recurrirá el Real Decreto Ley 2/2025 ante el Tribunal Constitucional, argumentando invasión de competencias y vulneración de derechos.
Baleares exige la suspensión inmediata de nuevas llegadas desde Canarias mientras se tramita el recurso, para proteger el bienestar de los menores.
La presión inmigratoria tensiona todos los recursos sociales y pone en riesgo la atención educativa y psicológica que estos menores necesitan urgentemente.
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