Sánchez admite el vínculo entre inmigración ilegal y amenaza terrorista
El Gobierno ha publicado la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025.
porJuan Manuel Pulido
politica
La nueva Estrategia 2025 reconoce riesgos que el Gobierno minimizó mientras impulsa una regularización masiva
Compartir:
El Gobierno ha publicado la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025. El documento se aprobó el 14 de julio en el Consejo de Seguridad Nacional. Su publicación en el Boletín Oficial del Estado tuvo lugar el 5 de agosto.
Por primera vez, el texto reconoce de forma explícita, aunque indirecta, los peligros que la inmigración ilegal representa para la seguridad nacional.
El documento señala su relación no solo con el crimen organizado, sino también con la infiltración terrorista. El reconocimiento llega en plena alerta antiterrorista de nivel 4 reforzado.
La estrategia destaca la posición geográfica de España como un factor clave de vulnerabilidad. Las costas extensas, la cercanía a África y la existencia de Ceuta y Melilla son elementos centrales.
Según el texto, las redes criminales aprovechan estos flujos para actividades ilícitas como la trata de seres humanos o el narcotráfico.
Más preocupante aún, la Estrategia 2025 alerta de que los flujos migratorios ilegales pueden ser “instrumentalizados” por actores estatales o no estatales.
Esa instrumentalización serviría para facilitar la penetración de elementos delictivos o terroristas. En la práctica, supone reconocer un paralelismo entre rutas migratorias irregulares y posibles infiltraciones extremistas.
El texto evita mencionar países concretos, como Marruecos, implicados en controversias pasadas. En mayo de 2021, más de 10.000 inmigrantes ilegales entraron en Ceuta en un solo día.
Aquel episodio se interpretó como presión diplomática de Rabat tras la acogida en España de Brahim Ghali.
La omisión de nombres propios refleja un lenguaje diplomático que puede mermar la contundencia del mensaje.
La estrategia prioriza la cooperación internacional y evita medidas punitivas directas contra Estados implicados. Este enfoque plantea dudas sobre la firmeza del Ejecutivo frente a amenazas geopolíticas.
Contradicciones con la política migratoria del Ejecutivo
Este reconocimiento llega en un año de elevada tensión internacional y alertas reforzadas. En mayo, Estados Unidos revisó el nivel de riesgo para viajes a España a “nivel 2”. La decisión citaba el terrorismo y posibles disturbios como factores de preocupación.
Se advierte que España corre un riesgo innecesario al mantener estos vínculos. La seguridad de las comunicaciones y la protección de datos sensibles están en juego.
El Departamento de Seguridad Nacional también ha advertido del aumento de la violencia ligada al crimen organizado. Interior intensificó la vigilancia durante la pasada Semana Santa y mantuvo el nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista desde enero.
Pese a ello, la estrategia evita medidas de endurecimiento fronterizo y opta por un enfoque “humanitario y multisectorial”.
Mientras tanto, el Gobierno avanza en planes que parecen incompatibles con el diagnóstico del propio documento.
En mayo anunció una regularización masiva de medio millón de indocumentados llegados antes de 2025. La reforma del Reglamento de Extranjería facilitará la inclusión por formación, empleo o arraigo familiar.
Según las estimaciones, estas medidas podrían beneficiar a 300.000 inmigrantes ilegales al año durante tres años consecutivos.
Expertos advierten que esta política podría actuar como un incentivo para la inmigración irregular. El efecto sería contradictorio con los riesgos que la estrategia afirma querer mitigar.
La comunidad internacional ha instado a los gobiernos africanos y a las agencias humanitarias a redoblar esfuerzos para atender esta emergencia.
Un paso insuficiente para la seguridad nacional
El reconocimiento del vínculo entre inmigración ilegal y riesgo terrorista supone un cambio relevante en el discurso oficial.
Sin embargo, llega de un Ejecutivo que ha minimizado repetidamente el impacto delictivo de la inmigración irregular. Las medidas incluidas en la estrategia parecen insuficientes para afrontar la magnitud del problema.
La dualidad entre diagnóstico y acción plantea una incógnita sobre la verdadera prioridad del Gobierno. Regularizar de forma masiva mientras se alerta del riesgo de infiltraciones terroristas genera desconfianza. La seguridad nacional exige coherencia y medidas efectivas.
España, como principal puerta de entrada a Europa desde África, no puede permitirse políticas ambiguas. La presión migratoria y las amenazas asociadas requieren un planteamiento claro y firme. La Estrategia 2025 solo será útil si pasa de la declaración a la acción.
