EDATV El 'salvavidas' que podrías rescatar al Gobierno de Sánchez de los casos de corrupción
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Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, enfrenta una situación sin precedentes en la historia democrática de España. Imputado por presunta revelación de secretos, seguirá al frente de la Fiscalía General. Esto, supervisando cuatro investigaciones judiciales que afectan al entorno más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
García Ortiz está acusado de filtrar datos confidenciales relacionados con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El caso, investigado por el Tribunal Supremo, se centra en una nota de prensa emitida el 14 de marzo de 2024. En la que revelaba detalles de un correo del abogado de González Amador.
La filtración buscaba desmentir informaciones publicadas por medios como El Mundo, pero el Supremo considera que no era necesario divulgar información reservada para ello.
García Ortiz enfrenta una posible pena de seis años de prisión y doce de inhabilitación | Europa Press
A pesar de la gravedad de las acusaciones, García Ortiz se mantiene en su puesto, respaldado por el Gobierno. Pedro Sánchez ha defendido públicamente al fiscal, asegurando que no debe dimitir y que su actuación fue para proteger a la Fiscalía de Madrid.
Sin embargo, asociaciones de fiscales, como la Asociación de Fiscales y la APIF, han pedido su renuncia, argumentando que su situación daña el prestigio de la institución. La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, calificó de “paradójico” que un fiscal investigado siga liderando el Ministerio Público.
Las cuatro causas que supervisará García Ortiz involucran a figuras cercanas a Sánchez, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. Esto, en el marco del caso Koldo y otras investigaciones por presuntas irregularidades. Estas pesquisas han intensificado las críticas al Gobierno, con la oposición señalando un posible uso político de la Fiscalía.
El caso ha reabierto el debate sobre la independencia del fiscal general, nombrado por el Gobierno. Expertos sugieren reformar el sistema de designación para garantizar neutralidad.
Mientras, García Ortiz enfrenta una posible pena de seis años de prisión y doce de inhabilitación, según la querella de la APIF. Su gestión, en medio de esta crisis, pone a prueba la confianza en las instituciones judiciales.
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