Esta es la ridícula cantidad de ayudas que el Gobierno ha concedido tras la DANA
De 16.600 millones anunciados, menos de 1.000 han sido desembolsados, dejando a miles de afectados sin soluciones
Dos meses después de la devastadora DANA que golpeó el país, el Gobierno de Pedro Sánchez apenas ha entregado un 5% de las ayudas prometidas para recuperar viviendas y bienes perdidos.
De los 16.600 millones de euros anunciados por La Moncloa, sólo 910 millones han sido desembolsados, representando menos del 5,7% del total comprometido.
Según los datos oficiales, más de la mitad del monto entregado corresponde a créditos que los beneficiarios deberán devolver. Replicando el modelo utilizado durante la pandemia.
Entonces, el Estado avaló 140.000 millones en préstamos bancarios, generando una morosidad superior al 3,5% entre pymes y autónomos.
Gran parte de las ayudas actuales provienen de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial y fondos del Consorcio de Compensación de Seguros. Todos ellos financiados por aseguradoras para cubrir riesgos extraordinarios.
Más solicitudes que soluciones
El Gobierno ha recibido 338.773 solicitudes de ayuda, de las cuales sólo se han tramitado 283.655. Sin embargo, apenas 94.634 solicitudes han sido completadas, lo que equivale a menos del 28%. Del total de solicitantes, sólo un 5% ha recibido los fondos prometidos.
En cuanto a las ayudas directas por daños personales, materiales y pérdidas en viviendas, comunidades, negocios y bienes locales, se presentaron 35.000 solicitudes.
De éstas, se han abonado menos de 32 millones de euros. Esto representa un promedio de apenas 914 euros por beneficiario, una cifra que las familias consideran insuficiente para reparar los daños sufridos.
Críticas al alcance de las ayudas
Empresarios y asociaciones han denunciado que los fondos aprobados por el Ejecutivo son insuficientes, cubriendo apenas el 20% de las pérdidas.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) advierte que más del 80% de los agricultores y ganaderos valencianos afectados por la DANA quedarán excluidos de las ayudas directas de 5.000 euros.
Esto se debe a los estrictos criterios establecidos por la normativa estatal, que deja fuera a los productores a tiempo parcial y jubilados.
Impacto en el sector agrícola y ganadero
La DANA causó estragos en el sector agrícola, con pérdidas millonarias en cultivos e infraestructuras rurales. Los agricultores afectados critican que las ayudas del Gobierno son insuficientes y de difícil acceso.
Muchos denuncian que los requisitos excluyen a una gran cantidad de damnificados, dejando a miles de familias sin respaldo económico.
Los ganaderos también se enfrentan a una situación crítica. El daño en instalaciones y la pérdida de animales han puesto en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones.
Las ayudas prometidas no han llegado en tiempo y forma, agravando la precariedad del sector.
Demoras que aumentan el malestar
Las familias afectadas por la DANA critican la lentitud y falta de eficacia en la gestión de las ayudas. La mayoría aún espera respuestas claras y pagos efectivos que les permitan reconstruir sus hogares y recuperar sus bienes.
Mientras tanto, el Gobierno defiende que está trabajando para agilizar los trámites y garantizar que las ayudas lleguen a quienes las necesitan.
El retraso en la entrega de fondos y el bajo porcentaje de beneficiarios generaron un creciente malestar social. Asociaciones vecinales y colectivos afectados han organizado movilizaciones para exigir soluciones rápidas y justas.
Además, reclaman mayor transparencia en la distribución de los recursos comprometidos.
Perspectivas inciertas
A dos meses de la catástrofe, el panorama sigue siendo sombrío para miles de afectados por la DANA. Las promesas incumplidas y los créditos insuficientes han dejado a muchas familias y empresas en una situación de vulnerabilidad.
El Gobierno enfrenta una creciente presión para acelerar los procesos y cumplir con sus compromisos.
La gestión de esta crisis será determinante para el futuro político de Pedro Sánchez. El presidente enfrenta críticas no sólo de los afectados, sino también de la oposición y sectores sociales que demandan mayor eficacia en la administración.
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