El 90% de las personas auditadas que recibían pensiones por invalidez no eran realmente discapacitadas
En una reciente entrevista con Alejandro Fantino en el canal "Neura", el Dr. Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), reveló un alarmante hallazgo tras auditar la institución:el 90% de las personas auditadas que recibían pensiones por invalidez no eran realmente discapacitadas. Este fraude le costaba al Estado argentino aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales.
La situación ha escalado a una investigación judicial liderada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien recientemente presentó una denuncia contra el ex presidente Alberto Fernández y varios funcionarios de ANDIS. Marijuan destacó cómo el número de pensiones por invalidez se incrementó dramáticamente, pasando de 70.000 en 2003 a casi 1.300.000 en la actualidad, con un aumento significativo durante la administración anterior. Según el fiscal, en los últimos cuatro años se habrían eliminado requisitos médicos y autorizado las pensiones basadas únicamente en la "vulnerabilidad económica".
"Pedimos informes a las actuales autoridades nacionales y en base a eso y a otros elementos que pudimos colectar, hicimos la denuncia ayer", explicó Marijuan en Radio La Red. Según los informes preliminares, el 80% de las pensiones otorgadas no deberían haber sido concedidas.
Las pensiones por discapacidad, establecidas por la ley 13.478 y reglamentadas en 1997, estaban destinadas a personas imposibilitadas para trabajar, mayores de 70 años, argentinas o residentes con más de 20 años en el país, en situaciones extremas. Sin embargo, Marijuan denunció que, desde 2003, estas pensiones crecieron exponencialmente sin justificación adecuada, resultando en una carga insostenible para el Estado.
Marijuan subrayó que, durante la administración de Fernández, se emitieron decretos que permitieron iniciar el trámite sin certificado médico, equiparando la incapacidad física a la vulnerabilidad económica. Esta relajación de los criterios llevó a un aumento descontrolado en el número de beneficiarios.
El fiscal también señaló que en ciertas provincias, como Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán, se concentran casi el 50% de estas pensiones fraudulentas. "Es una administración fraudulenta. La denuncia se dirige a los funcionarios públicos y las normativas dictadas para permitir que esto sucediera. Es necesario derogar estas normas de manera inmediata y reempadronar a los beneficiarios bajo nuevos criterios", insistió Marijuan.
Además, se descubrió que algunos beneficiarios combinaban sus pensiones por invalidez con otros programas sociales, resultando en ingresos sustanciales que no correspondían a sus necesidades reales. "Cada pensión debería estar sustentada por un expediente con un certificado médico válido. No se puede permitir que el Estado otorgue beneficios de por vida sin un control riguroso", concluyó el fiscal, enfatizando la necesidad de reformas profundas para evitar la destrucción del Estado por prácticas corruptas y mal manejo administrativo.
