La investigación del denominado caso Leire no se reanudará con la comparecencia de Juan Manuel Serrano en la fecha inicialmente prevista. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado retrasar hasta el próximo 18 de agosto la diligencia en la que el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos deberá supervisar el clonado de su teléfono móvil, una prueba considerada relevante para el avance de la causa.
La citación estaba fijada para el 5 de agosto y tenía como objetivo comprobar la copia realizada por la Guardia Civil del contenido del dispositivo. En caso de que el volcado no pudiera validarse, el magistrado contemplaba repetir el procedimiento en sede judicial con Serrano presente.
El informe de la UCO
El exresponsable de Correos fue incorporado a la investigación hace unas semanas después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le atribuyera un papel destacado en dos de las líneas que analiza el procedimiento. Por un lado, la relacionada con presuntas actuaciones irregulares en empresas vinculadas a la SEPI y, por otro, la supuesta existencia de una estructura destinada a interferir en investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
El exresponsable de Correos fue incorporado a la investigación hace unas semanas
En esa misma causa también figuran como investigados la exmilitante socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Entre los indicios recogidos por la UCO, el juez destaca posibles irregularidades en la contratación pública y actuaciones dirigidas a obstaculizar procedimientos judiciales. En el caso concreto de Correos, Pedraz aprecia similitudes con las pesquisas abiertas sobre otras sociedades participadas por la SEPI, como Mercasa y Enusa.
El instructor pone el foco, además, en la contratación de Leire Díez como directora gerente de Filatelia en Correos, un nombramiento que dependía orgánicamente de Serrano. A partir de esa circunstancia, trata de determinar si el entonces presidente de la empresa pública se limitó a permitir una supuesta operativa irregular o si, por el contrario, tuvo un papel activo en su impulso y dirección, así como esclarecer cuál fue su grado de implicación en las presuntas maniobras para obstaculizar causas judiciales.
