El procedimiento judicial contra Begoña Gómez da un nuevo paso con la presentación del escrito de acusación de Hazte Oír. La organización solicita que la esposa del presidente del Gobierno sea condenada a 13 años de prisión por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que reclama una pena de seis años de cárcel para Cristina Álvarez, su asistente en el Palacio de La Moncloa.
El documento de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, incorpora una amplia propuesta probatoria para el futuro juicio. Entre ella figuran seis informes periciales y más de un centenar de testigos, entre los que la acusación pretende que comparezcan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, entre otros.
El documento de conclusiones provisionales incorpora una amplia propuesta probatoria para el futuro juicio
Apertura de juicio
La presentación de este escrito llega semanas después de que el juez Juan Carlos Peinado acordara la apertura de juicio oral con tribunal del jurado. Esa decisión fue posteriormente respaldada por la Audiencia Provincial de Madrid, aunque el tribunal acotó el procedimiento a dos presuntos delitos. Durante la tramitación de la causa, el instructor también acordó medidas cautelares para Begoña Gómez y Cristina Álvarez con el objetivo de garantizar su sometimiento al proceso.
En relación con el delito de tráfico de influencias, Hazte Oír sostiene que Begoña Gómez habría aprovechado su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense. Por estos hechos solicita una condena de dos años de prisión, además de una multa equivalente al doble del supuesto beneficio obtenido y la prohibición de contratar con el sector público durante una década.
La acusación atribuye además a Gómez un presunto delito continuado de malversación, por el que reclama otros tres años de cárcel y la suspensión para ejercer cargo público durante cuatro años. Según expone en su escrito, recursos públicos habrían sido destinados a fines privados mediante la colaboración de Cristina Álvarez, que presuntamente habría desarrollado tareas vinculadas a la actividad profesional de Begoña Gómez desde su puesto en La Moncloa.
