Desde que la Generalitat asumió en 1984 las competencias en materia penitenciaria, se ha trabajado en la consolidación de un modelo. Centrado en la dignidad de las condiciones de vida en prisión, la seguridad jurídica y la reinserción social.
Inspirado en las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Un modelo que ha buscado reducir la reincidencia mediante intervenciones personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de cada interno.
Sin embargo, parece haber fracasado. En agosto de 2022, la población penitenciaria en Cataluña ascendía a 7.787 personas. De ellas, un 48,5% son extranjeras, y preocupantemente, un 40% de ese grupo no tiene expectativas reales de integración social.

Tampoco laboral en el país. Esta situación plantea desafíos significativos tanto en términos de políticas de inclusión como en la planificación de recursos penitenciarios.
Además, las autoridades destacan la necesidad urgente de actualizar los centros destinados a mujeres y a internos en régimen abierto. Estos parecen haber demostrado buenos niveles de reinserción. La evolución de la población penitenciaria, marcada por el aumento de personas extranjeras y de internos preventivos, también añade incertidumbre sobre el futuro del sistema.
España es uno de los principales destinos migratorios de Europa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 la población extranjera residente en España superaba los 6 millones de personas.








