La evolución de la población penitenciaria, marcada por el aumento de personas extranjeras
Desde que la Generalitat asumió en 1984 las competencias en materia penitenciaria, se ha trabajado en la consolidación de un modelo. Centrado en la dignidad de las condiciones de vida en prisión, la seguridad jurídica y la reinserción social.
Inspirado en las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas y el Consejo de Europa. Un modelo que ha buscado reducir la reincidencia mediante intervenciones personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de cada interno.
Sin embargo, parece haber fracasado. En agosto de 2022, la población penitenciaria en Cataluña ascendía a 7.787 personas. De ellas, un 48,5% son extranjeras, y preocupantemente, un 40% de ese grupo no tiene expectativas reales de integración social.
Tampoco laboral en el país. Esta situación plantea desafíos significativos tanto en términos de políticas de inclusión como en la planificación de recursos penitenciarios.
Además, las autoridades destacan la necesidad urgente de actualizar los centros destinados a mujeres y a internos en régimen abierto. Estos parecen haber demostrado buenos niveles de reinserción. La evolución de la población penitenciaria, marcada por el aumento de personas extranjeras y de internos preventivos, también añade incertidumbre sobre el futuro del sistema.
España es uno de los principales destinos migratorios de Europa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 la población extranjera residente en España superaba los 6 millones de personas.
Lo que representa aproximadamente el 13% del total de habitantes. Las comunidades autónomas con mayor concentración de población inmigrante incluyen Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Los flujos migratorios hacia España responden a múltiples causas. Sin embargo, muchos inmigrantes dejan patente sus dificultades en la integración.
Estas dificultades se reflejan también en el ámbito penitenciario. Muchos de estos internos cumplen condenas por delitos de todo tipo.
Es decir, todo esto y el alto porcentaje de extranjeros presos que no reinsertan en la sociedad, es cuanto menos elevado y significativo. Este dato ha provocado que las redes se incendien y pidan el "billete de vuelta" para aquellos que cometan delitos en nuestro país.
En agosto de 2022, la población penitenciaria en Cataluña ascendía a 7.787 personas. De ellas, un 48,5% son extranjeras, y preocupantemente, un 40% de ese grupo no tiene expectativas reales de integración social.
Este revelador dato muestras también de las dificultades para reinsertarse en el ámbito laboral.
Ese billete de vuelta que piden muchos, Vox es el partido que pide la deportación de quienes han entrado de manera ilegal en nuestro país. De hecho, el partido liderado por Santiago Abascal se ha mostrado contundente en este sentido en varias ocasiones.
