La reforma del PSOE podría archivar los casos de Begoña Gómez y el hermano de Sánchez

El PSOE ha presentado una proposición de ley en el Congreso para restringir la figura de la acusación popular  en los procesos judiciales.

Esta iniciativa busca prohibir que partidos políticos, fundaciones y asociaciones vinculadas, así como asociaciones de jueces y fiscales, puedan ejercer esta acción legal.

La acción popular, reconocida en la Constitución española, permite a ciudadanos y entidades no directamente perjudicados por un delito personarse en causas penales.

La propuesta del PSOE limitaría esta posibilidad, permitiendo su ejercicio solo a quienes tengan un "vínculo concreto, relevante y suficiente" con el interés público tutelado en el proceso judicial correspondiente.

Además, la reforma establece una lista cerrada de delitos perseguibles mediante acusación popular y restringe la participación de estas acusaciones en la fase de instrucción de los procedimientos.

Esto implica que no podrían solicitar diligencias ni interrogar a testigos durante la investigación. Limitando su intervención al final de la instrucción y al juicio oral.

La propuesta ha generado críticas de diversos sectores, incluyendo asociaciones de jueces, fiscales y partidos de la oposición. Que consideran que podría debilitar la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Señalan que la limitación de la acusación popular podría favorecer la impunidad en casos donde el Ministerio Fiscal no actúe con la debida diligencia.

La reforma también podría tener implicaciones en casos judiciales actuales que afectan al entorno del Gobierno. Procedimientos como los que involucran a Begoña Gómez, a su hermano, podrían verse afectados si las acusaciones populares fueran excluidas de los mismos.

Esto ha llevado a algunos críticos a cuestionar la motivación detrás de la propuesta, sugiriendo que busca proteger intereses particulares.

El PSOE defiende la iniciativa argumentando que pretende evitar la instrumentalización política de los procesos judiciales. Además, garantizar la protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. Sin embargo, la oposición y diversos colectivos consideran que la medida es desproporcionada y podría limitar la participación ciudadana en la administración de justicia.

La proposición de ley también incluye la eliminación del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Con el objetivo de reforzar la libertad de expresión y evitar restricciones indebidas a este derecho fundamental.

Este aspecto de la reforma ha sido recibido con opiniones divididas, generando debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el respeto a las creencias religiosas.

Para su aprobación, la propuesta requiere mayoría absoluta en el Congreso, lo que implica la necesidad de acuerdos con otras fuerzas políticas.

El Partido Popular ya ha manifestado su oposición, argumentando que la reforma busca garantizar la impunidad ante casos de corrupción que afectan al Gobierno. Otros partidos y colectivos también han expresado su rechazo, anticipando un debate parlamentario intenso en torno a esta iniciativa.