El motivo es que Hacienda no planea ajustar el mínimo exento al incremento del SMI en 2025, afectando a más trabajadores
Hacienda prevé que 540.000 trabajadores con salario mínimo tributen IRPF en 2025. Hasta ahora estaban exentos de este pago fiscal.
De los 2,7 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo, 2,16 millones seguirán exentos. El 20% restante sí tendrá que tributar.
El motivo es que Hacienda no planea ajustar el mínimo exento al incremento del SMI en 2025, afectando a más trabajadores.
El último ajuste del IRPF al SMI fue en 2024, cuando se elevó el mínimo exento a 15.876 euros, equivalente al salario anual de ese año.
Si el SMI sube un 4,4% en 2025, alcanzará los 1.184 euros mensuales. Esto implica una subida del 60% en los últimos siete años.
El informe de la comisión asesora del SMI señala que el 80% de los perceptores seguirá exento, pero el resto enfrentará nuevas retenciones.
El aumento del salario mínimo concentra a un mayor número de trabajadores en esa franja, según datos del INE y expertos.
En Hacienda se discute si es viable seguir eximiendo del IRPF a un salario mínimo que cada vez afecta a más personas.
Desde 2018, el SMI ha crecido de 736 a 1.184 euros mensuales. Las subidas han ido acompañadas de rebajas fiscales para rentas bajas.
En 2024, una rebaja del IRPF benefició a 5,2 millones de contribuyentes con un ahorro total de 1.385 millones de euros.
El Gobierno está dividido. Trabajo defiende que quienes ganan el SMI no paguen impuestos, mientras Hacienda analiza un cambio de estrategia.
El Ministerio de Trabajo teme que la falta de ajuste genere un choque con Hacienda y afecte el diálogo social con sindicatos.
UGT ya advirtió que no apoyará un acuerdo sobre el SMI para 2025 si este no queda exento del IRPF, exigiendo mayor apoyo institucional.
La prioridad sindical es garantizar que el salario mínimo llegue neto a los trabajadores, que representan a las capas más vulnerables.
Hacienda aún no confirma si ajustará el IRPF al SMI en 2025, pero el debate interno crece mientras aumenta la presión social y política.
El posible cambio de estrategia fiscal podría abrir un nuevo conflicto entre los socios de la coalición en plena negociación económica.
