Rebaja de condena al violador de dos mujeres en Baleares gracias a la 'Ley Montero'
El Tribunal Supremo ha confirmado la rebaja de cuatro años en la pena de prisión a un hombre condenado por violar a dos mujeres en Mallorca en 2002.
porJuan Manuel Pulido
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La condena baja cuatro años pese a la gravedad de los abusos; el fallo reabre el debate sobre derechos y reformas penales
El Tribunal Supremo ha confirmado la rebaja de cuatro años en la pena de prisión a un hombre condenado por violar a dos mujeres en Mallorca en 2002.
La decisión se fundamenta en la aplicación de la conocida Ley Montero, que modificó el régimen penal de delitos sexuales en España. La sentencia, emitida el 16 de julio de 2025, ajusta la pena inicial de seis años y seis meses a cuatro años y cuatro meses.
En noviembre de 2002, el condenado agredió sexualmente a una exnovia en la localidad de Campos. La víctima fue retenida en un banco público y amenazada para someterse.
Según consta, el agresor le dijo: «De aquí no te vas sin hacerlo» y amenazó con consecuencias relacionadas con su padre.
La segunda agresión ocurrió en Navidad del mismo año. La víctima, tras salir de un pub, fue acompañada por el agresor hasta un camino solitario. Allí fue violada bajo amenazas de ser enviada «al cementerio», según relata la sentencia.
Ley Montero y retroactividad penal
La Ley Montero, vigente desde 2022, cambió sustancialmente la legislación sobre delitos sexuales. Ahora, el marco punitivo establece penas de cuatro a doce años, frente a los seis a doce de la norma anterior. Esta reducción busca colocar el consentimiento como eje central en estos delitos.
El Tribunal Supremo aplicó el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Consideró que la voluntad del legislador fue reducir el reproche mínimo.
El Tribunal Supremo aplicó el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Consideró que la voluntad del legislador fue reducir el reproche mínimo. Por ello, ajustó a la baja la condena sin eliminar la responsabilidad penal.
Además de la reducción, el tribunal impuso una inhabilitación especial de cinco años al condenado. Queda prohibido desempeñar cualquier oficio que implique contacto regular con menores de edad.
Esta medida se suma a la orden de alejamiento de quinientos metros y la prohibición de comunicación con las víctimas.
Estas restricciones durarán durante la condena y tres años posteriores. La justicia busca minimizar riesgos futuros y proteger la integridad de las víctimas y de terceros.
Secuelas físicas y psicológicas en las víctimas
Las dos mujeres sufrieron daños graves. La primera víctima mostró hematomas en muñecas, eritema en el cuello y trastorno por estrés postraumático.
La segunda presentó erosión en la mucosa ano-rectal, dolor en la muñeca derecha y síntomas similares.
Estas secuelas quedaron reflejadas en el juicio como prueba del impacto del delito. La atención a la salud mental y física de las víctimas es un aspecto clave en estos procesos.
Los tribunales deben evaluar si el núcleo del delito se mantiene o si la ley introduce modificaciones sustanciales. La sentencia subraya que la norma más favorable debe aplicarse de manera integral.
Este caso ejemplifica la dificultad de aplicar cambios normativos a hechos ocurridos antes de la reforma. Los tribunales deben evaluar si el núcleo del delito se mantiene o si la ley introduce modificaciones sustanciales. La sentencia subraya que la norma más favorable debe aplicarse de manera integral.
El fallo reafirma el derecho fundamental a la aplicación retroactiva cuando la legislación beneficia al condenado.
Sin embargo, esta decisión genera debate sobre el equilibrio entre derechos de víctimas y garantías procesales.
La resolución del Supremo establece un criterio claro para futuras revisiones de condenas por delitos sexuales.
Además, confirma la vigencia de la Ley Montero y su impacto en casos antiguos. El tribunal cierra un proceso judicial que ha durado más de veinte años.
Esta sentencia refleja la transformación social y legal sobre violencia sexual. También pone en evidencia la tensión entre la justicia para víctimas y las reformas legales que afectan condenas firmes.
Conclusión: justicia en evolución
La rebaja de pena, aunque polémica, se basa en principios legales fundamentales. La justicia debe adaptarse a las nuevas realidades legislativas y proteger los derechos humanos. Este fallo recuerda que las leyes no son estáticas y que la revisión es parte del sistema judicial.
El debate continúa abierto sobre cómo garantizar protección sin dejar impunes a los agresores. La aplicación estricta y justa de la ley será clave en los próximos años para casos similares.
