La presión turística y urbanística en Cádiz hace que cada incendio reactive la pregunta
El incendio en Tarifa el 11 de agosto arrasó más de 300 hectáreas en la Sierra de la Plata y obligó a evacuar a 2.000 personas. Se trató del segundo fuego en menos de una semana en Tarifa, donde otro incendio destruyó 283 hectáreas y causó un desalojo masivo.
El consejero Antonio Sanz apuntó a la intencionalidad del incendio, lo que abre el debate sobre un posible interés económico detrás. La costa de Cádiz es un territorio turístico codiciado y el fuego en áreas no urbanizables alimenta sospechas de especulación urbanística.
La Ley 43/2003 de Montes prohíbe cambiar el uso forestal durante 30 años en terrenos incendiados para evitar abusos inmobiliarios. El texto también veta toda actividad incompatible con la regeneración de la vegetación en los plazos que marcan las autonomías. Sin embargo, esta ley establece excepciones si el planeamiento estaba previsto, aprobado o sometido a evaluación ambiental favorable.
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También se permite el cambio de uso cuando existan razones imperiosas de interés público de primer orden avaladas por una ley. Estas excepciones han sido utilizadas para defender intereses económicos en algunas regiones y alimentan la polémica en incendios.
En 2006, la reforma de Zapatero eliminó la excepción del interés público, aunque mantuvo otras vías abiertas para el planeamiento. La Ley de Montes de 2015 bajo Rajoy volvió a incorporar esa excepción, dejando otra vez abierta la puerta a recalificaciones. El Gobierno de Sánchez no ha modificado la norma, aunque ha insistido en defender políticas contra la especulación inmobiliaria.
El Colegio de Ingenieros de Montes de Andalucía considera poco probable urbanizar terrenos incendiados bajo la actual legislación. La portavoz del Coima, Ana Warleta, asegura que desde la Ley de Montes no se ha dado ningún caso de recalificación en Andalucía.
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Recuerda que la norma estatal de 2003 nació para garantizar que los incendios no fueran excusa para recalificar suelos forestales. A pesar de ello, la sospecha sobre intereses económicos no se disipa cuando el fuego arrasa zonas de gran valor inmobiliario.
El caso de Tarifa reabre el debate sobre la aplicación de estas leyes y la vigilancia frente a abusos tras los incendios forestales.
La presión turística y urbanística en Cádiz hace que cada incendio reactive la pregunta: ¿a quién terminan beneficiando los fuegos?
