Víctor de Aldama amplió su confesión ante el Supremo en 37 folios, revelando detalles de contratos públicos presuntamente amañados. El empresario implicó a importantes figuras como Ángel Víctor Torres, ministro y expresidente de Canarias, y a Isabel Pardo de Vera, ex de Adif.
Según Aldama, constructoras como Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) habrían recibido adjudicaciones por mediación irregular. Se señala que Levantina obtuvo 6,5 millones tras un viaje de su dueño y Koldo García a Canarias, vinculando al ministro Ángel Víctor Torres.
Aldama aseguró que parte de este dinero fue destinado a pagar comisiones por gestiones en adjudicaciones del Ministerio de Transportes. Durante el mandato de José Luis Ábalos, Levantina acumuló adjudicaciones por más de 128 millones en contratos del Ministerio de Transportes.
En su declaración, Aldama también mencionó obras adjudicadas a UTE como ASCH y Lantania, gestionadas por Isabel Pardo de Vera y Ábalos. Entre las obras señaladas, destaca la ampliación de la Autovía de la Plata A-66 y la remodelación de enlaces en Asturias.
Isabel Pardo de Vera, quien le proporcionó el contacto de Soluciones de Gestión
Documentos aportados por Aldama marcan estas adjudicaciones en rosa, sugiriendo su relevancia en las irregularidades investigadas. Constructoras como ASCH también habrían colaborado con Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), ligada a Koldo García, cercano a Ábalos.
Además, Aldama implicó al hijo mayor del exministro, Víctor Ábalos, en contratos de consultoría que camuflaban comisiones ilegales. El empresario menciona contactos entre Koldo García y personas vinculadas a Víctor Ábalos, reforzando la trama de irregularidades.
Aldama aseguró que los contratos de consultoría escondían pagos por adjudicaciones públicas gestionadas desde el Ministerio de Fomento. El caso involucra millones de euros en adjudicaciones y posibles comisiones, según documentos entregados al Tribunal Supremo.
Esta declaración complica la situación legal de figuras políticas como Isabel Pardo de Vera y Ángel Víctor Torres por las pruebas aportadas. La investigación sigue su curso, mientras se analiza el alcance de las adjudicaciones y las implicaciones de los señalados por Aldama.
Isabel Pardo de Vera y Ángel Víctor Torres están bajo la lupa por su presunta participación en adjudicaciones públicas amañadas. La trama expuesta por Aldama revela un entramado de influencias en contratos públicos durante gestiones del Ministerio de Transportes.
Los nombres señalados en esta trama enfrentan un escrutinio judicial que podría extenderse a otros altos cargos relacionados. El Tribunal Supremo estudia las pruebas presentadas, con posibles repercusiones legales y políticas para los implicados en la confesión.
Isabel Pardo de Vera, quien le proporcionó el contacto de Soluciones de Gestión
Las testificaciones ya daban luz de la participación de Isabel Pardo de Vera
En el marco del caso Koldo, el exjefe de personal de Adif, Michaux Miranda, declaró este ante el juez. En su declaración afirmaba, que fue la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien le proporcionó el contacto de Soluciones de Gestión.
Esta empresa se encuentra investigada por su participación en la compra de mascarillas durante la pandemia. Esta declaración, revelada por Europa Press, supone un giro en las investigaciones por posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Durante esta misma semana, Guillermo Martínez, exsecretario del Consejo de Administración de Adif, testificó ante el juez que la decisión de firmar con Soluciones de Gestión había sido de Miranda. Este, según su relato, informó sobre dicha operación a Pardo de Vera.
Las declaraciones de ambos exdirectivos reflejan una serie de contradicciones y responsabilidades cruzadas en torno a la compra de ocho millones de mascarillas. Algo que genera más interrogantes en el caso.
