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Una mujer frente a un edificio con la inscripción Audiencia Nacional.
POLÍTICA

¿Quién es la ex alto cargo de Adif salpicada por las pruebas de Aldama?

El empresario implicó Ángel Víctor Torres a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif.

Víctor de Aldama amplió su confesión ante el Supremo en 37 folios, revelando detalles de contratos públicos presuntamente amañados. El empresario implicó a importantes figuras como  Ángel Víctor Torres, ministro y expresidente de Canarias, y a Isabel Pardo de Vera, ex de Adif.

Según Aldama, constructoras como Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) habrían recibido adjudicaciones por mediación irregular. Se señala que Levantina obtuvo 6,5 millones tras un viaje de su dueño y Koldo García a Canarias, vinculando al ministro Ángel Víctor Torres.

Aldama aseguró que parte de este dinero fue destinado a pagar comisiones por gestiones en adjudicaciones del Ministerio de Transportes. Durante el mandato de José Luis Ábalos, Levantina acumuló adjudicaciones por más de 128 millones en contratos del Ministerio de Transportes.

En su declaración,  Aldama también mencionó obras adjudicadas a UTE como ASCH y Lantania, gestionadas por Isabel Pardo de Vera y Ábalos. Entre las obras señaladas, destaca la ampliación de la Autovía de la Plata A-66 y la remodelación de enlaces en Asturias.

Mujer de cabello oscuro gesticulando mientras camina con una chaqueta azul y una blusa blanca.

Documentos aportados por Aldama marcan estas adjudicaciones en rosa, sugiriendo su relevancia en las irregularidades investigadas. Constructoras como ASCH también habrían colaborado con Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), ligada a Koldo García, cercano a Ábalos.

Además, Aldama implicó al hijo mayor del exministro, Víctor Ábalos, en contratos de consultoría que camuflaban comisiones ilegales. El empresario menciona contactos entre Koldo García y personas vinculadas a Víctor Ábalos, reforzando la trama de irregularidades.

Aldama aseguró que los contratos de consultoría escondían pagos por adjudicaciones públicas gestionadas desde el Ministerio de Fomento. El caso involucra millones de euros en adjudicaciones y posibles comisiones, según documentos entregados al Tribunal Supremo.

Esta declaración complica la situación legal de figuras políticas como Isabel Pardo de Vera y Ángel Víctor Torres por las pruebas aportadas. La investigación sigue su curso, mientras se analiza el alcance de las adjudicaciones y las implicaciones de los señalados por Aldama.

Isabel Pardo de Vera y Ángel Víctor Torres están bajo la lupa por su presunta participación en adjudicaciones públicas amañadas. La trama expuesta por Aldama revela un entramado de influencias en contratos públicos durante gestiones del Ministerio de Transportes.

Los nombres señalados en esta trama enfrentan un escrutinio judicial que podría extenderse a otros altos cargos relacionados. El Tribunal Supremo estudia las pruebas presentadas, con posibles repercusiones legales y políticas para los implicados en la confesión.

Una mujer con cabello oscuro y expresión seria, vestida con chaqueta azul, en un entorno urbano.

Las testificaciones ya daban luz de la participación de Isabel Pardo de Vera

En el marco del caso Koldo, el exjefe de personal de Adif, Michaux Miranda, declaró este ante el juez. En su declaración afirmaba, que fue la entonces presidenta de Adif,  Isabel Pardo de Vera, quien le proporcionó el contacto de Soluciones de Gestión.

Esta empresa  se encuentra investigada  por su participación en la compra  de mascarillas durante la pandemia. Esta declaración, revelada por Europa Press, supone un giro en las investigaciones  por posibles irregularidades  en la adjudicación de contratos públicos.

Durante esta misma semana, Guillermo Martínez, exsecretario del Consejo de Administración de Adif, testificó ante el juez  que la decisión de firmar con Soluciones de Gestión había sido de Miranda. Este, según su relato, informó  sobre dicha operación a  Pardo de Vera.

Las declaraciones de ambos exdirectivos reflejan una serie de contradicciones y responsabilidades cruzadas en torno a la compra de ocho millones de mascarillas. Algo que genera más interrogantes en el caso.

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