La querella contra el ex DAO sacude a Marlaska mientras el Gobierno y la izquierda olvidan el 'hermana yo sí te creo'

La admisión a trámite de una querella por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación contra el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha provocado un terremoto institucional que, sin embargo, no ha encontrado una respuesta política proporcional en el Gobierno ni en buena parte de la izquierda.

El procedimiento judicial sitúa los hechos denunciados en abril de 2025. Según la querella, el alto mando policial habría aprovechado su posición jerárquica para forzar a una agente a acudir a su vivienda oficial y cometer una agresión sexual sin consentimiento, además de ejercer presuntas coacciones posteriores para evitar que los hechos trascendieran. La causa incluye indicios documentales y testimonios que han llevado al juzgado competente a citar a declarar a las partes en las próximas semanas.

Tras conocerse la existencia de la querella, el ex DAO presentó su dimisión. Desde el Ministerio del Interior se defendió que no existía conocimiento previo formal de la denuncia antes de su admisión judicial.

El titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que la renuncia era necesaria para preservar la imagen de la institución. Sin embargo, más allá de esa explicación, la reacción política ha sido discreta y medida.

Una ausencia de condena explícita

En un contexto en el que las denuncias por violencia sexual y abuso de poder suelen generar comunicados inmediatos, declaraciones públicas y posicionamientos contundentes, sorprende la ausencia de mensajes claros por parte del Ejecutivo y de referentes de la izquierda parlamentaria. Especialmente llamativo resulta el silencio de figuras que han construido su perfil político en torno a la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia machista.

Entre ellas destaca Irene Montero, cuya trayectoria ha estado vinculada a políticas de protección a las víctimas y reformas legislativas en materia de consentimiento. Hasta el momento, no ha emitido una condena específica sobre este caso concreto, lo que ha generado críticas en sectores que reclaman coherencia en la defensa pública de los principios que se proclaman.

Doble rasero y desgaste institucional

El debate no se centra únicamente en la veracidad de las acusaciones —que deberá determinar la Justicia bajo el principio de presunción de inocencia—, sino en la respuesta política ante hechos de esta gravedad. Cuando un alto cargo policial es acusado de delitos tan sensibles como agresión sexual y coacciones, la reacción institucional se convierte también en un mensaje a la sociedad y a las propias víctimas.

Analistas políticos subrayan que el silencio prolongado puede interpretarse como falta de liderazgo o como una estrategia de contención mediática para evitar un mayor desgaste en un momento ya complejo para el Gobierno. Sin embargo, esa prudencia contrasta con la rapidez con la que se han producido condenas públicas en otros casos de distinta naturaleza.

La querella contra el ex DAO interpela directamente a las instituciones del Estado y plantea interrogantes sobre los mecanismos de control interno y la protección efectiva de los agentes que denuncian abusos. Más allá del recorrido judicial, el impacto político está ya sobre la mesa.

En un escenario marcado por la polarización y la exigencia de ejemplaridad, la falta de una condena clara y transversal desde el Ejecutivo y la izquierda deja un vacío difícil de justificar. La coherencia en la defensa de los derechos y la igualdad no puede depender del perfil del acusado ni de la oportunidad política del momento.