¿A qué magistrado quiere apartar el Fiscal General de la deliberación de la amnistía?

El  fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este jueves un incidente de recusación contra  José María Macías, magistrado del Tribunal Constitucional  y nombrado por el Partido Popular.

García Ortiz solicita que Macías sea apartado de la deliberación de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo  respecto a la  ley de amnistía. La razón es que Macías  ya emitió su opinión sobre el tema cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Según el escrito presentado por la Fiscalía, Macías, en su papel como vocal del CGPJ, participó en debates  y decisiones institucionales relacionadas con la constitucionalidad de la amnistía.

En al menos dos ocasiones, Macías  votó a favor de posicionamientos que abordaban la legalidad de una ley de amnistía, la cual había sido anunciada por el presidente del Gobierno. Además, se pronunció  sobre la constitucionalidad de la proposición de ley orgánica que más tarde fue aprobada, en el marco de un proceso legislativo solicitado por el Senado.

Para la Fiscalía, estos antecedentes generan una causa legítima para recusar a Macías, quien se incorporó al Tribunal Constitucional el pasado 6 de septiembre. La participación previa del magistrado  en estos debates  y votaciones  podría influir en su imparcialidad  en la deliberación  actual sobre la  ley de amnistía.

Estas son las artimañas para no investigar a Puigdemont

La Fiscalía General, liderada por Álvaro García Ortiz, está utilizando diversas estrategias. Para impedir que la Fiscalía Europea investigue los casos de malversación relacionados con el procés independentista catalán.

En un esfuerzo por evitar un nuevo frente legal en Europa, la Fiscalía Española ha emitido informes detallados para frenar cualquier intento de la Fiscalía Europea de intervenir en estas investigaciones.

Uno de los argumentos clave presentados por la Fiscalía. Es que la malversación de fondos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. No afecta los intereses financieros de la Unión Europea.

Este argumento se ha utilizado para justificar que la Fiscalía Europea no tiene competencia para investigar estos casos. A pesar de que la malversación de caudales públicos es uno de los delitos bajo la jurisdicción de la Fiscalía Europea según la Directiva. (UE) 2017/1371.

En su informe, la Fiscalía Española señala que la Fiscalía Europea, aunque competente para investigar delitos de malversación y corrupción, no tiene carta blanca para abordar cualquier delito de malversación. Este organismo, operativo desde 2021, ha asumido importantes casos penales en España. Como la trama Koldo y la compra irregular de mascarillas en Baleares y Canarias.

Sin embargo, la Fiscalía Española argumenta que la malversación de fondos públicos en el contexto del procés. No encaja en los parámetros de la competencia de la Fiscalía Europea, ya que no afecta directamente los intereses financieros de la UE. Este enfoque ha generado tensiones internas dentro de la propia Fiscalía Española, especialmente entre los fiscales del procés y el fiscal general García Ortiz.

Fiscales como Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza han manifestado su desacuerdo con la postura del fiscal general. Argumentan que la malversación durante el procés no solo causó un daño patrimonial al Estado español, sino que también vulneró la doctrina europea sobre malversación.

Según estos fiscales, los fondos desviados por el gobierno de Carles Puigdemont para financiar el referéndum ilegal. Tuvieron un impacto directo en los intereses financieros de la Unión Europea.

El informe original de estos fiscales sostenía que los líderes independentistas, incluidos Puigdemont y Junqueras, obtuvieron un beneficio personal. Según de carácter patrimonial al utilizar fondos públicos para su proyecto secesionista, algo que debería excluirse de la amnistía. Además, señalaban que la malversación de fondos públicos dentro de un estado miembro de la UE, que amenaza con fracturar territorialmente la Unión, repercute negativamente en los intereses financieros comunitarios.