La defensa solicita además que se suspenda cautelarmente la orden de arresto hasta que el Constitucional resuelva el caso
Carles Puigdemont ha llevado su caso al Tribunal Constitucional tras recibir varios rechazos por parte de la justicia ordinaria española.
El expresidente catalán solicita que se anule la orden de detención vigente y que se revisen las decisiones del Tribunal Supremo. Su defensa ha recurrido un total de cinco autos judiciales relacionados con la causa abierta por los hechos del procés catalán.
Tres de esos autos fueron dictados por la Sala de Apelaciones del Supremo y dos adicionales por el juez instructor de la causa. Los magistrados rechazaron aplicar la ley de amnistía aprobada este año a los delitos atribuidos al expresidente catalán.
Entre esos delitos se encuentra el de malversación de fondos públicos, con un supuesto agravante de ánimo de lucro.
El recurso de amparo ha sido registrado este jueves y ha sido confirmado por fuentes del entorno del expresidente catalán. Puigdemont sostiene que con esos autos se han vulnerado sus derechos constitucionales como ciudadano y como político electo.
En concreto, su defensa denuncia la violación de su derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. También cuestiona la negativa a admitir el incidente de nulidad presentado en junio y ahora cerrado de forma definitiva.
Según el recurso, ese incidente ya recogía las vulneraciones de derechos que ahora se plantean ante el Constitucional.
El auto del 17 de junio no admite más recursos y mantiene abierta la orden de detención emitida por la justicia española. La defensa solicita además que se suspenda cautelarmente la orden de arresto hasta que el Constitucional resuelva el caso.
La petición se basa en el riesgo de detención inmediata en caso de que Puigdemont regrese al territorio español. El político se mantiene en Bélgica desde 2017, cuando salió del país tras la declaración unilateral de independencia.
En el recurso se recuerda que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado apoyaban la aplicación de la amnistía.
Sin embargo, el Tribunal Supremo mantuvo que la malversación imputada no podía acogerse a esa medida legal.
El Supremo consideró que hubo uso indebido de fondos públicos con intención de beneficio, excluyendo así la amnistía. Frente a ese argumento, la defensa de Puigdemont insiste en que no existió enriquecimiento personal de ningún tipo.
También se critica que se mantengan abiertas causas políticas mientras la ley de amnistía ya está plenamente en vigor. El Constitucional será ahora el encargado de evaluar si, como alega la defensa, se han quebrantado derechos fundamentales.
