
El Congreso avanza la reforma del Reglamento entre acusaciones de veto y censura
El PP y Vox protestaron al inicio de la sesión por el veto a sus enmiendas en la reforma del Reglamento de la Cámara Baja
La oposición volvió a denunciar este jueves que sus derechos parlamentarios fueron ignorados en la Comisión de Reglamento del Congreso. El PP y Vox protestaron al inicio de la sesión por el veto a sus enmiendas en la reforma del Reglamento de la Cámara Baja.
Ambos partidos acusaron a la Mesa de la Comisión de excluir la mayoría de sus propuestas de forma “arbitraria e injusta”. De las 28 enmiendas registradas por el PP, solo se admitieron cuatro; Vox presentó una única enmienda, también rechazada.
Francina Armengol, presidenta del Congreso, dirigió la sesión sin convocar la Mesa para estudiar los recursos de reconsideración. El PP y Vox denunciaron que la ponencia del informe estaba viciada de origen por vetar el debate de sus propuestas.
Carlos Flores, diputado de Vox, pidió suspender la tramitación hasta que se valoraran los escritos de queja presentados. Llanos de Luna, del PP, reiteró que el informe era nulo por excluir deliberadamente sus aportaciones al Reglamento.
El PSOE y Sumar justificaron el veto alegando que las enmiendas eran “intrusas” y ajenas al objeto de la reforma planteada. La doctrina constitucional prohíbe alterar normas mediante otras leyes no relacionadas, según argumentó el oficialismo.

PP y Vox insistieron en que toda modificación del Reglamento debería poder incluir cambios dentro del mismo texto legal. Ambos partidos también votaron en contra de la ratificación formal de los miembros de la ponencia encargada del informe.
Entre sus propuestas, el PP reclamaba fijar por ley el debate anual del estado de la nación y limitar plazos para enmiendas. Vox pedía revertir el uso obligatorio de lenguas cooficiales y garantizar el empleo del español en toda la Cámara.
En paralelo, se debatieron dos reformas: una sobre lenguaje inclusivo y otra sobre prensa y voto telemático. El punto más polémico fue el régimen disciplinario que permitirá retirar acreditaciones a medios por acoso o insultos.
La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) promovió esta medida tras incidentes con trabajadores de EDATV y otros. Carmen Navarro, del PP, advirtió que la norma “abre la puerta a la censura” y pone en riesgo derechos fundamentales.
Alberto Rodríguez Almeida, de Vox, calificó la propuesta como un “atropello democrático y una vergüenza constitucional”. Joaquín Martínez Salmerón, del PSOE, citó a Anabel Díez (APP), quien defendió que no se busca vetar preguntas incómodas.
Desde Sumar, Francisco Sierra aseguró que no se puede amparar “el insulto, el abuso ni la agresión verbal” en democracia.

Pilar Vallugera, de ERC, pidió normas para frenar a “pseudomedios” que graban en zonas prohibidas y acosan a periodistas. Josep Maria Cervera (Junts) condenó actitudes alejadas de la buena educación parlamentaria en los pasillos del Congreso.
Mertxe Aizpurua (Bildu) cargó contra “agitadores ultraderechistas”; el PNV pidió regular límites para una convivencia básica.
El texto se aprobará previsiblemente el martes en el pleno con apoyo del Gobierno, PNV, Bildu, Junts, ERC y Sumar. La reforma contempla lenguaje inclusivo, más supuestos de voto telemático y retirada de credenciales por conducta grave.
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