El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la transparencia institucional en uno de los ejes centrales de su discurso político. Desde la aprobación de leyes hasta la rendición de cuentas en comparecencias públicas, el Ejecutivo insiste en presentarse como un referente democrático y abierto a la ciudadanía. Sin embargo, ese relato choca frontalmente con una práctica cada vez más habitual: la restricción o cierre de los comentarios en los perfiles oficiales del Gobierno y de varios ministerios en redes sociales.
En plataformas como X (antes Twitter), Instagram o Facebook, numerosos usuarios han constatado que las cuentas institucionales del Ejecutivo limitan la interacción, bloquean respuestas o directamente desactivan la posibilidad de comentar en publicaciones sobre asuntos sensibles. Una práctica que, aunque legal desde el punto de vista técnico, plantea dudas sobre la coherencia entre el mensaje de apertura y la realidad de la comunicación digital del Gobierno.
Las redes sociales se han consolidado como uno de los principales canales de comunicación entre las instituciones públicas y los ciudadanos. No solo sirven para difundir mensajes oficiales, sino también para recoger opiniones, críticas y demandas sociales. En ese contexto, cerrar los comentarios equivale, para muchos expertos en comunicación política, a blindar el discurso oficial frente al escrutinio público.
El contraste es especialmente llamativo cuando el propio Ejecutivo defiende políticas de “escucha activa”, participación ciudadana y lucha contra la desinformación. En la práctica, la eliminación de comentarios impide el debate abierto y reduce la pluralidad de voces en espacios financiados y gestionados con recursos públicos.
