El PSOE presume de transparencia mientras tiene censurado los comentarios en sus redes sociales

El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la transparencia institucional en uno de los ejes centrales de su discurso político. Desde la aprobación de leyes hasta la rendición de cuentas en comparecencias públicas, el Ejecutivo insiste en presentarse como un referente democrático y abierto a la ciudadanía. Sin embargo, ese relato choca frontalmente con una práctica cada vez más habitual: la restricción o cierre de los comentarios en los perfiles oficiales del Gobierno y de varios ministerios en redes sociales.

En plataformas como X (antes Twitter), Instagram o Facebook, numerosos usuarios han constatado que las cuentas institucionales del Ejecutivo limitan la interacción, bloquean respuestas o directamente desactivan la posibilidad de comentar en publicaciones sobre asuntos sensibles. Una práctica que, aunque legal desde el punto de vista técnico, plantea dudas sobre la coherencia entre el mensaje de apertura y la realidad de la comunicación digital del Gobierno.

Las redes sociales se han consolidado como uno de los principales canales de comunicación entre las instituciones públicas y los ciudadanos. No solo sirven para difundir mensajes oficiales, sino también para recoger opiniones, críticas y demandas sociales. En ese contexto, cerrar los comentarios equivale, para muchos expertos en comunicación política, a blindar el discurso oficial frente al escrutinio público.

El contraste es especialmente llamativo cuando el propio Ejecutivo defiende políticas de “escucha activa”, participación ciudadana y lucha contra la desinformación. En la práctica, la eliminación de comentarios impide el debate abierto y reduce la pluralidad de voces en espacios financiados y gestionados con recursos públicos.

Desde el Gobierno se suele justificar esta política alegando la necesidad de evitar insultos, mensajes de odio o campañas coordinadas de desinformación. Sin embargo, la crítica no se dirige tanto a la moderación de contenidos ilegales como al bloqueo preventivo y generalizado de la participación, incluso cuando los mensajes son respetuosos y se limitan a cuestionar decisiones políticas.

Asociaciones de usuarios y expertos en transparencia recuerdan que las cuentas oficiales no son perfiles privados, sino herramientas de comunicación institucional, y que deberían regirse por criterios de neutralidad, proporcionalidad y acceso público. En este sentido, advierten de que limitar los comentarios puede generar un efecto contrario al deseado: aumentar la desconfianza ciudadana y alimentar la percepción de opacidad.

El debate no es nuevo. En otros países europeos, la gestión de redes sociales gubernamentales ha sido objeto de recomendaciones específicas por parte de organismos de control, que subrayan la importancia de garantizar la interacción salvo en casos excepcionales. En España, sin embargo, no existe una normativa clara que regule cómo deben gestionarse estos espacios digitales institucionales.

Mientras el Gobierno insiste en su compromiso con la transparencia, la censura de comentarios en redes sociales se ha convertido en un símbolo de la distancia entre el discurso político y la práctica comunicativa. En una era marcada por la participación digital, la credibilidad institucional no solo se mide por lo que se publica, sino también por lo que se permite decir.