EDATV El PSOE de Castilla y León 'protege' a sus imputados y evita tomar medidas hasta que Ferraz se pronuncie
El Estatuto de los cargos públicos del PSOE establece claramente que deben suspenderse de militancia
El PSOE de Castilla y León afronta una crisis interna marcada por la sombra de la corrupción. Dos miembros de su Comisión Ejecutiva Autonómica están siendo investigados por distintos delitos. Pero el partido ha optado por esperar instrucciones de Ferraz antes de tomar decisiones.
El secretario autonómico de Organización, Daniel de la Rosa, confirmó esta semana que el partido “espera respuesta de la dirección federal”. Todo sobre la suspensión de militancia del exprocurador José Luis Vázquez, investigado por los delitos de malversación de caudales públicos. También por prevaricación administrativa durante su etapa como alcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).
Una Ejecutiva bajo sospecha
Vázquez fue alcalde entre 2007 y 2019 y sigue formando parte de la dirección regional socialista como secretario de Desarrollo Sostenible. Aunque ha renunciado a su acta de procurador en las Cortes de Castilla y León, mantiene un puesto clave dentro del aparato del partido.
Vázquez está siendo investigado por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde | EDATV
El propio De la Rosa defendió su renuncia como un acto de “responsabilidad” y aseguró que gestos así “no suelen suceder en la derecha”. Sin embargo, esa dimisión parcial no evita el problema: Vázquez continúa en la Ejecutiva regional pese a su imputación.
El Estatuto de los cargos públicos del PSOE establece claramente que deben suspenderse de militancia. Tanto a los alcaldes, concejales o parlamentarios imputados en delitos contra la Administración Pública. Pero en Castilla y León, el cumplimiento de esta norma parece estar en pausa.
Ferraz, la excusa para no actuar
La dirección regional está encabezada por Carlos Martínez, alcalde de Soria y futuro candidato a la presidencia de la Junta. Asegura que ha trasladado el caso a Ferraz y que está “a la espera” de una resolución. De momento, no se han producido ni expulsiones ni suspensiones cautelares.
Mientras tanto, el PSOE castellanoleonés evita abordar públicamente la otra imputación que afecta a su Ejecutiva: la de Mario Rivas, alcalde de Villablino, investigado por un delito de tráfico de influencias.
Rivas ocupa el cargo de secretario de Transición Justa dentro del partido. Su caso no depende de Ferraz, ya que las normas internas regionales permiten la suspensión inmediata sin necesidad de intervención federal. Pese a ello, Rivas sigue en su puesto con total normalidad.
Silencio y cálculo electoral
La dirección socialista intenta contener el escándalo mientras impulsa la precampaña de Carlos Martínez, que se postula como alternativa a Alfonso Fernández Mañueco en las autonómicas de 2026.
Durante la presentación de la campaña “Un alcalde para Castilla y León”, el PSOE evitó referirse a los casos judiciales que salpican a su cúpula. Las preguntas sobre Vázquez y Rivas fueron despachadas con alusiones a la “presunción de inocencia” y la “espera de decisiones federales”.
La situación ha generado malestar entre las bases, que reclaman coherencia. Recuerdan que el PSOE ha exigido en otras comunidades la dimisión inmediata de cargos imputados del PP o de Vox.
Por ahora, el PSOE de Castilla y León ha optado por guardar silencio y esperar a Ferraz. Una estrategia que alimenta las críticas por doble vara de medir y que complica la imagen del partido en plena etapa preelectoral.
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