El PSOE de Castilla y León afronta una crisis interna marcada por la sombra de la corrupción. Dos miembros de su Comisión Ejecutiva Autonómica están siendo investigados por distintos delitos. Pero el partido ha optado por esperar instrucciones de Ferraz antes de tomar decisiones.
El secretario autonómico de Organización, Daniel de la Rosa, confirmó esta semana que el partido “espera respuesta de la dirección federal”. Todo sobre la suspensión de militancia del exprocurador José Luis Vázquez, investigado por los delitos de malversación de caudales públicos. También por prevaricación administrativa durante su etapa como alcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).
Una Ejecutiva bajo sospecha
Vázquez fue alcalde entre 2007 y 2019 y sigue formando parte de la dirección regional socialista como secretario de Desarrollo Sostenible. Aunque ha renunciado a su acta de procurador en las Cortes de Castilla y León, mantiene un puesto clave dentro del aparato del partido.
El propio De la Rosa defendió su renuncia como un acto de “responsabilidad” y aseguró que gestos así “no suelen suceder en la derecha”. Sin embargo, esa dimisión parcial no evita el problema: Vázquez continúa en la Ejecutiva regional pese a su imputación.
El Estatuto de los cargos públicos del PSOE establece claramente que deben suspenderse de militancia. Tanto a los alcaldes, concejales o parlamentarios imputados en delitos contra la Administración Pública. Pero en Castilla y León, el cumplimiento de esta norma parece estar en pausa.
