Esta petición se basa en el informe de la Guardia Civil que detalla la secuencia de eventos de esa jornada
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, podría ser imputado. Se trata de algo que ha solicitado la asociación Liberum, que representa una de las acusaciones populares en el caso penal sobre la DANA del 29 de octubre. Esta petición se basa en el informe de la Guardia Civil que detalla la secuencia de eventos de esa jornada, y ha sido presentada ante la jueza encargada de la instrucción.
En su informe, la Guardia Civil destaca "sobremanera" la "inexistencia de avisos" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Esto, sobre el ascenso "exponencial" que sufrió la rambla del Poyo la tarde del día de la DANA. Según el documento no se realizó "comunicación alguna" desde las 16:15 horas hasta las 18:43 horas, momento en que el caudal alcanzó los 1.683 metros cúbicos, según recoge Europa Press.
Liberum sostiene que, según el informe, la CHJ falló en su obligación de proporcionar comunicaciones "a tiempo real y puntual" acerca del aumento del caudal en los embalses. El informe apunta que, aunque el presidente de la CHJ estaba presente en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), "no alertó de la gravedad de la situación". Esto, a pesar de que "era su responsabilidad" manejar la información relacionada con el barranco del Poyo y tomar las medidas adecuadas.
Además, Liberum solicita que la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Rallo, sea citada a declarar como testigo. Argumentan que esta entidad "es responsable de los deficientes contenidos de avisos de alertas", ya que no incluían indicaciones claras sobre la "necesidad de buscar lugares de seguridad en las alturas".
La Guardia Civil señala fallos graves en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante la dana del 29 de octubre.
En un informe de 200 páginas, remitido a la jueza instructora, se detalla la ausencia de control sobre el barranco del Poyo. Según el informe, resalta que no hubo avisos pese al rápido ascenso del caudal desde las 16:15 horas. A esa hora se superó el umbral 1; a las 17:00, el umbral 2; y a las 17:25 se rebasó el umbral 3, según la cronología oficial.
Aun así, no se emitió ninguna alerta hasta las 18:43, cuando el caudal alcanzó los 1.686 metros cúbicos por segundo. Esa demora en los avisos fue clave, según la Guardia Civil, en la muerte de 228 personas por la crecida de la rambla.
La Policía Judicial de Valencia subraya que esa crecida fue determinante en el número de víctimas mortales de la catástrofe. El Instituto Armado apunta directamente a la CHJ por no comunicar en tiempo real la evolución crítica del caudal.
La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha evitado imputar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, por ahora. Pese a las peticiones de varias partes, Polo ha sido citado únicamente como testigo, no como investigado.
