PP y Vox endurecen el acceso a la RVI: 15 meses de empadronamiento y nuevas infracciones graves para los beneficiarios

PP y Vox pactaron este martes varias enmiendas de última hora a la ley de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), registradas apenas 20 minutos antes del inicio de la comisión de Familia, Política Social e Igualdad de Les Corts, donde estaba previsto el debate y votación del proyecto de ley. Esta maniobra fue duramente criticada por PSPV y Compromís, que la calificaron de "bochorno" y "ridículo espantoso", considerándola una muestra del escaso talante democrático de ambas formaciones.

Entre los cambios más relevantes destaca la elevación de 12 a 15 meses del período mínimo de residencia continuada en la Comunitat Valenciana para poder acceder a la ayuda. Asimismo, la prestación dejará de tener carácter indefinido para convertirse en periódica, con una duración inicial de seis años renovables cada tres, siempre que persista la situación de vulnerabilidad que motivó su concesión. Para casos excepcionales en los que no sea posible el empadronamiento, se establece que la residencia efectiva podrá acreditarse mediante la Tarjeta Sanitaria Individual, la inscripción como demandante de empleo o la escolarización de hijos.

Las enmiendas también introducen nuevas obligaciones para los beneficiarios. Todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años deberán conocer, suscribir y participar activamente en los Planes de Atención Individual de Inclusión (PAI), cuyo cumplimiento tendrá carácter obligatorio para mantener el derecho a la prestación. Además, las familias con menores a cargo deberán garantizar su escolarización y asistencia regular al centro educativo.

En materia de infracciones, PP y Vox incorporan dos nuevos supuestos de infracción muy grave: haber sido acreditada judicialmente la ocupación de una vivienda sin título habilitante, y la existencia en el núcleo familiar de prácticas denigrantes contra la mujer o la infancia, contrarias al principio de igualdad o a los valores convivenciales.

Durante el debate, la diputada del PP Elena Bastidas defendió que la RVI "necesita una actualización" y que las enmiendas buscan reforzar la seguridad jurídica de la norma. Desde Vox, Miriam Turiel reivindicó haber conseguido ampliar el tiempo de residencia exigido, argumentando que su partido quiere "defender a los españoles primero" en la vida real y no solo en el plano discursivo.

Frente a las críticas de la izquierda, que una vez más recurrió a los habituales calificativos de "racismo" y "xenofobia" ante cualquier medida que priorice a los contribuyentes valencianos, la reforma aprobada supone un paso necesario hacia una gestión más responsable y sostenible de los recursos públicos. Exigir un período mínimo de arraigo real en la Comunitat, vincular las ayudas al cumplimiento de obligaciones cívicas y proteger a los menores de entornos que vulneren sus derechos no es perseguir a los vulnerables, sino garantizar que el dinero de todos llegue a quienes verdaderamente lo necesitan y han contribuido a esta sociedad. Una reforma que muchos ciudadanos llevaban tiempo reclamando y que la izquierda, aferrada a sus eslóganes, se niega a reconocer.