Por su parte, el PP considera que esta reforma es un intento de "laminar" al Poder Judicial. Además de proteger al PSOE de las investigaciones por casos de corrupción que afectan al partido. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha declarado que la propuesta busca "impunidad" para el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La iniciativa también propone eliminar el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Argumentando que ha sido utilizado por grupos conservadores para perseguir a artistas y periodistas. Esta medida ha generado debate sobre la protección de la libertad de expresión y la defensa de los sentimientos religiosos.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que la reforma busca modernizar la justicia española y garantizar la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, el PP sostiene que la transferencia de la instrucción a la Fiscalía. Que depende jerárquicamente del Gobierno, podría comprometer la imparcialidad de las investigaciones.
La propuesta del PSOE ha sido registrada en el Congreso de los Diputados y se espera que genere un intenso debate parlamentario. El PP ha anunciado que combatirá la iniciativa, argumentando que atenta contra la independencia judicial y busca silenciar a quienes denuncian la corrupción.
La propuesta de reforma legal del PSOE para limitar la acusación popular y transferir la instrucción de las causas penales a la Fiscalía. Ha generado una fuerte oposición por parte del PP, que la considera un intento de debilitar al Poder Judicial y proteger al partido gobernante de investigaciones por corrupción. El debate sobre esta iniciativa promete ser uno de los temas centrales en la agenda política española en las próximas semanas.
