
Portugal le pasa factura a sus activistas propalestinos de la flotilla y España les paga el viaje con dinero público
El Gobierno portugués sostiene que solo adelantó los costes “por razones logísticas”, sin asumir obligación permanente de cubrirlos
La deportación de los activistas propalestinos continúa generando polémica entre Portugal y España por el coste de los vuelos.
El Gobierno de Portugal ha decidido pasar a sus cuatro ciudadanos deportados de la flotilla de Gaza la factura de su regreso. El Ministerio de Asuntos Exteriores luso confirmó que los billetes fueron pagados por su personal consular en Israel de forma urgente. Según Lisboa, se trató de una medida provisional ante la imposibilidad de contactar con los activistas durante su deportación.
No obstante, Portugal advierte que los gastos son responsabilidad de cada individuo, conforme a la normativa consular vigente. Los activistas deberán reembolsar el dinero a las arcas públicas tras recibir una carta con un formulario de pago inmediato.
El Gobierno portugués sostiene que solo adelantó los costes “por razones logísticas”, sin asumir obligación permanente de cubrirlos. Mientras tanto, en España la situación ha sido diferente. El Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares no cobrará nada. El Estado asumirá todos los gastos de repatriación de los 65 activistas españoles, incluidos los vuelos y el avión militar A400M.

El Ejecutivo español defiende que los activistas fueron retenidos contra su voluntad y no pudieron gestionar sus billetes de regreso. Sin embargo, la normativa consular española establece que toda ayuda económica debe ser reembolsada salvo casos excepcionales.
En este caso, no se solicitó a los activistas firmar compromiso de reintegro ni justificar su falta de recursos económicos.
Tampoco se exigió documentación que acreditara su situación de necesidad, como sí ocurre en otros procedimientos de asistencia.
Entre los repatriados figuran activistas con amplia trayectoria pública y económica, como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Vox ha denunciado esta actuación del Gobierno ante la Fiscalía, al considerar que podría constituir un delito de malversación. El partido exige que los activistas devuelvan los costes al Estado y se cumpla la normativa consular sin excepciones.
Además, advierte de que la situación podría repetirse con los nueve españoles que integran la segunda flotilla rumbo a Gaza.

El Ministerio de Exteriores español ha confirmado que tampoco cobrará los futuros traslados si se repite una situación similar. Según la normativa, las ayudas consulares pueden ser no reembolsables solo en casos de calamidad o peligro extremo. En este contexto, el uso del avión militar A400M desde Atenas no encajaría en ese supuesto, según expertos diplomáticos.
Portugal, en cambio, ha mantenido una postura firme: “Cada ciudadano es responsable de su retorno tras una deportación”. El contraste entre ambos gobiernos ha abierto un debate sobre el uso de fondos públicos en repatriaciones de carácter político.
Mientras Lisboa exige el pago a sus activistas, Madrid asume todos los gastos, generando críticas por su gestión del caso.
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